Waitman, secuestrada el 20 de noviembre de 1976 en la Terminal de Omnibus de la ciudad de Córdoba junto con su novio Carlos Alberto D'ambra, todavía desaparecido, advirtió que "no se puede dimensionar las secuelas que nos dejó el terrorismo de Estado. No se puede dimensionar cómo nos han cambiado el proyecto de vida".

"La mejor forma de sanar la sociedad es que nos digan la verdad. No puede haber dolor más grande que las abuelas no puedan encontrar a sus nietos", agregó, y consideró que "todo aquel que cometió delitos tiene que pagar por lo que hizo. Luchamos para eso, para construir una memoria colectiva, para que nunca más vuelva a pasar y para construir un país solidario", destacó Waitman. Más adelante denunció que los represores de aquel entonces "eran dueños de la vida y de la muerte de todo nuestro pueblo: ellos decidían quién moría y quién vivía".

En otro tramo de su testimonio, manifestó su discrepancia con las expresiones vertidas el año pasado por el gobernador José Manuel de la Sota, quien había dicho que "las Abuelas y las Madres tendrían que haber cuidado mejor a sus hijos". "De la Sota no sabe lo que hicieron nuestros viejos por nosotros. Muchos padres lucharon y lo siguen haciendo para saber dónde están nuestros desaparecidos. Dónde están nuestros 400 nietos que faltan, y esa es nuestra lucha y la de ellos. No sólo nosotros vivíamos el dolor, sino también nuestra familia", remarcó.

María Lidia Piotti, por su parte, se refirió a su propio secuestro en septiembre de 1978, al de su hermano asesinado en Santa Fe, al de su esposo, Cecilio Salguero, quien declaró la víspera, y al de su cuñada desaparecida, María del Carmen Sosa de Piotti.

Los 42 imputados que tiene la causa afrontan cargos por privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, aplicación de tormentos seguidos de muerte, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, sustracción de menores de 10 años, abuso deshonesto y violación.