Al plenario de senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, asistió el ministro de Justicia, Julio Alak, quien explicó los alcances de la propuesta de regular las medidas cautelares contra el Estado, tal como ayer lo hizo con las otras dos iniciativas.

"Algunos quieren tener un Estado indefenso pero no ante el individuo si no ante las corporaciones", criticó el funcionario durante su exposición, en la que también dejó claro que "hay que terminar con el negocio de las cautelares".

Además, dijo que le resultaba "sorprendente" que algunos sectores de la oposición rechacen el proyecto, y advirtió que la Nación estaba "atrasada" respecto a otras provincias y a otros países que tienen normas similares respecto a las cautelares.

Recordó también que "todas las provincias argentinas tienen reguladas las medidas cautelares contra el Estado" y sostuvo que existe una "laguna" en el nivel nacional que atribuyó a "intereses económicos, jurídicos" que prefieren que permanezca la actual legislación.

Por su parte, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, tomó como referencia la medida cautelar que en 2009 el Grupo Clarín interpuso contra artículos de la ley de Medios, al recordar que la Corte estableció "que una cautelar no puede durar eternamente" y que "tienen que tener un plazo razonable", que es lo que apunta a "interpretar este proyecto".

El proyecto impulsado por el gobierno nacional busca lograr que, por primera vez en la Argentina, se aplique un marco regulatorio sobre la utilización de las cautelares, para evitar que se pueda trabar la aplicación de una iniciativa por un tiempo excesivo.

El proyecto establece que esa medidas no podrán tener una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo, y se podrán extender por seis meses, siempre que ello resultare procesalmente indispensable.

A la vez, establece que un juez solo podrá dictar una medida cautelar cuando es competente en la causa, y solo podrá tener validez si dicta esa medida -aunque no le corresponda- si se encuentra comprometida la vida, la salud o el derecho alimentar.

La oposición conformada por el radicalismo, el FAP y una parte del peronismo disidente decidió no participar de las deliberaciones, con excepción del senador Samuel Cabanchik (Coalición Cívica) y de la senadora del peronismo federal por Salta, Sonia Escudero.