El CIAJ acusó que "las víctimas producidas por el temporal y la inundación fueron consecuencia directa de la insuficiencia del sistema de evacuación de excedentes pluviales y la falta de obras de infraestructura y equipamiento urbano para la localidad" y también pidió a la Justicia que "se evalúen las responsabilidades a nivel provincial".

Las recomendaciones de la Suprema Corte a la que hizo alusión el planteo de la organización remite a la controversia en torno a la aplicación de un nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) de La Plata, en el año 2011. Allí, el máximo tribunal provincial recomendó al Estado platense concretar obras que previnieran las consecuencias de un temporal de magnitud.

En la denuncia del CIAJ que recayó en la Fiscalía General del Ministerio Público se afirmó que "el estrago que hoy se lamenta es el resultado del accionar negligente de las autoridades municipales y provinciales", y consideró que Bruera "conocía las dificultades que acarrean la transformación y crecimiento de la ciudad, así como la consecuente obligación de intervenir con acciones y obras de infraestructura para su desarrollo urbano".

"Es el Ejecutivo Municipal quien tiene responsabilidad en la aprobación de obras particulares, por tanto en el crecimiento y aumento de la densidad del espacio urbano platense, así como en la provisión del equipamiento y la infraestructura necesaria", afirmó y destacó que "no se puede obviar que para el manejo de obras de gran envergadura, es la autoridad provincial la encargada de visar y aprobar dichas iniciativas".

Por este motivo pidió que "se indague sobre algunas áreas del Ejecutivo provincial, como la Dirección de Ordenamiento Urbano Territorial y la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas", e insistió en que las inundaciones no se trataron de "un caso fortuito o de un fenómeno climático excepcional" sino que "demuestran la falta de planificación y la ausencia de la acción coordinada del Estado".