22:35 › BAJO LA SOMBRA DE LA REPRESIóN
Durante una sesión especial que duró poco más de ocho horas, el secretario Seguridad porteño defendió el operativo de la Policía Metropolitana que dejó unos 50 pacientes, médicos, enfermeros y trabajadores de prensa heridos con balas de goma, el gas pimienta y bastones, por intentar frenar el derrumbe de un taller del hospital Borda. Mientras los diputados PRO justificaron la represión, la oposición pidió la dimisión del funcionario quien, no obstante, aseguró: "No voy a renunciar, salvo que (el jefe de gobierno Mauricio) Macri me lo pida". El legislador Alejandro Bodart anticipó que hará "presentaciones judiciales" para establecer la responsabilidad de Guillermo Montenegro, mientras que algunos sectores pedirán que se interpele a más funcionarios de la Ciudad.
La interpelación a Guillermo Montenegro en la Legislatura porteña comenzó poco después del mediodía y el titular del cuerpo, el macrista Cristian Ritondo, le dio la palabra. El ministro dijo que se hará "una clara autocrítica del procedimiento" policial que culminó con más de 50 heridos, entre pacientes, médicos, enfermeros, gremialistas y trabajadores de distintos medios de prensa, pero nunca condenó el accionar policial.
Luego del discurso, varios bloques de la oposición coincidieron en exigir la dimisión de Montenegro por ser el responsable político de la Policía Metropolitana. "Usted no tiene más que renunciar", aseveró el legislador kirchnerista Juan Cabandié al hacer uso de la palabra y agregó que lo ocurrido ayer "fue un hecho trágico que se asemeja a las peores prácticas de las fuerzas armadas de nuestro país".
Los diputados de la bancada Proyecto Sur Julio Raffo y Jorge Selser se sumaron al pedido de renuncia. "Dio la orden de invadir con 300 policías un hospital psquiátrico", instó Selser. Por su parte, el titular del bloque Buenos Aires para Todos, Fabio Basteiro, se mostró "indignado por el nivel de hipocresía" del funcionario, y agregó que no tiene "un grado mínimo de autocrítica. Lo que debe hacer es renunciar".
La legisladora Rocío Sánchez Andía, de la Coalición Cívica, exigió el distanciamiento del ministro de su cargo y requirió "respuestas, porque la Metropolitana no puede seguir actuando de esta forma y los agentes que dispararon no pueden pertenecer más a la fuerza".
La diputada de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti consideró que Montenegro "tiene que irse la Policía Metropolitana. Y agregó que "la que actuó ayer no es la fuerza que votamos en la Legislatura, sino que es la de Ciro James y Jorge Palacios", en alusión a los acusados de montar una red de escuchas dentro de la fuerza de seguridad.
Entre sus respuestas a varios de los cuestionamientos, Montenegro no sólo dijo varias veces que "no es mi idea renunciar porque entiendo que no es necesario, salvo que lo pidiera Macri", sino que afirmó que "en algún punto, la violencia de ayer debíamos haberla tenido que tratar de otra manera" y aclaró que si "algún agente no cumplió con el protocolo, va a ser investigado y sancionado como corresponde" en "una auditoría externa policial".
Negó que algún funcionario hubiera dado la orden de reprimir y explicó que la Metropolitana "actuó dentro del protocolo", porque "lo que se estaba reprimiendo era la comisión de un delito", algo para lo que "un funcionario policial no necesita una orden". Y al afirmar esto, lo comparó con "lo que debe hacer un policía frente a un robo: actuar".
Por otra parte, rechazó la comparación de los hechos de ayer con la "represión militar" de la que habló el diputado del Frente para la Victoria Juan Cabandié, y le respondió: "Como integrante del Poder Judicial durante más de 25 años, pedí la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, llevé adelante las investigaciones del robo de bebés y del Plan Cóndor".
“Lo que no puede aceptarse es que la ley no se cumpla”, dijo Montenegro al referirse a la orden judicial que permitió la construcción del centro cívico en el predio de Barracas, aunque dijo haber sido sorprendido hoy por la medida de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña, que ratificó la vigencia de la medida cautelar que suspende el proceso licitatorio para la construcción del denominado centro cívico.
"No voy a renunciar, no por lo menos en esta situación porque entiendo que lo ocurrido ayer estuvo dentro de lo establecido (...) Será la justicia la que determine si yo tengo alguna responsabilidad. Y si tengo responsabilidad política, la persona que me designó será quien me pedirá la renuncia. Mi conciencia está por demás tranquila", insistió.
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