La Defensoría fijó posición ante la represión de la Metropolitana durante la manifestación en contra del cierre de los talleres protegidos en el predio del Hospital Psicoasistencial Interdisciplinario José Borda. El organismo fijó un plazo de 15 días para que Montenegro le informe sobre los policías que participaron del operativo, sus horarios de trabajo y las armas que portaban el viernes 26 de abril último.

Encomendó que se "dispongan las medidas necesarias" para iniciar "sin dilación un procedimiento destinado a esclarecer los hechos y evaluar el desempeño de los efectivos de la Policía Metropolitana que participaron del operativo". La Defensora del Pueblo Alicia Pierini sostuvo que "no hay explicación posible que justifique semejante proceder policial, con un uso irracional y desproporcionado de la fuerza", y agregó que "ejercer violencia ante una protesta expresa la impotencia política para conducir, abordar o encauzar los conflictos que son propios de cualquier sociedad".

También se le pidió a Montenegro un "informe circunstanciado de los hechos denunciados" y que remita la "nómina del personal interviniente en el operativo, con detalle de la hora en que cada uno intervino, de la dependencia interna a la que se encuentra asignado y la descripción del armamento y munición con que fue destinado".

De igual forma, el organismo recomendó a la ministra de Salud porteña, Graciela Reybaud, que disponga "urgentes medidas" para evaluar las secuelas de la "violencia en los usuarios del servicio de salud mental" y para que se "dé adecuado tratamiento frente a su afectación". Le solicitó que indique si conocía la existencia de asbesto en la estructura del demolido taller 19 y si se tomaron los recaudos necesarios para evitar que se difuminaran partículas en el aire. Entre otras cuestiones, la Defensoría requirió también el número de pacientes y trabajadores con lesiones y los tratamientos que recibieron.

La mañana del 26 de abril la Defensoría había actuado de oficio cuando fue informada sobre el ingreso de la Metropolitana al hospital, con la orden de "resguardar las obras tendientes a la demolición del edificio en donde había funcionado el Taller Protegido 19 de Rehabilitación en Salud Mental".

En el informe elaborado por el organismo se remarca que los policías ingresaron al predio forzando el candado de un portón, para cumplir así con una orden impartida por el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, según declaró Montenegro en la interpelación a la que fue sometido por la Legislatura porteña al día siguiente. Chaín también recibió un requerimiento de la Defensoría para que envíe un "informe circunstanciado" sobre su pedido al Ministerio de Seguridad porteño para que se ordenara el operativo policial investigado.

Según el texto de la Defensoría, elaborado por personal que concurrió al Borda el viernes por la mañana, la represión "con bastones, balas de goma y gas pimienta en una zona a la que los pacientes tienen libre acceso" ocurrió poco después de que un grupo de trabajadores comenzó a manifestarse en contra de la demolición del taller.