21:43 › LAS VENAS ABIERTAS...
Horas después de que la policía reprimiese a los 3000 mineros de Huanuni que bloqueaban la ruta Oruro-Potosí en la localidad de Caihuasi, luego de que los trabajadores dinamitaron un puente, el Gobierno reiteró su llamado al diálogo, y advirtió que si accede al reclamo de un aumento de las jubilaciones pondría en riesgo el sistema previsional vigente. Además, denunció un "lenguaje golpista" y el uso de violencia en la protesta.
El Gobieno advirtió también que no cederá a la demanda de la Central Obrera Boliviana (COB) de aumentar la jubilación de los mineros a 8000
bolivianos (1147 dólares) y a 5000 (715 dólares) para el resto de los trabajadores, porque a su juicio eso pondría en riesgo todo el sistema de pensiones, en especial de los que menos cobran. La propuesta oficial, precisada por el ministro de Economía, Luis Arce, es llevar el máximo de la jubilaciones de los mineros a 4000 bolivianos (570 dólares) y la del resto de los jubilados a 3200 (457 dólares).
Por su parte, el secretario general de la COB, Juan Carlos Trujillo, demandó un diálogo con el presidente Evo Morales e insistió en la atención a su reclamo de aumentos, sobre todo apoyado en el hecho, dijo, de que los militares gozan del 100 por ciento de jubilación. Arce, citado por la agencia ABI, aseguró respecto de las jubilaciones castrenses que en la ley de Pensiones "no hay ni un sólo artículo que el gobierno haya incorporado favoreciendo a ese sector", y que "si existe algún beneficio corresponde a gobiernos anteriores".
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que la policía secuestró en el bloqueo de Caihuasi 375 kilos de dinamita y anfo, otro explosivo, ocultos en una ambulancia y una combi, según informó el diario paceño La Razón.
En tanto, el ministro de la Presidencia (jefe de Gabinete), Juan Ramón Quintana, advirtió que en el discurso de algunos dirigentes obreros se detecta "un lenguaje golpista" y convocó a dejar esa actitud y acudir al diálogo para buscar una salida al conflicto. "Hay dirigentes que están expresando el lenguaje del golpe de Estado, porque hemos escuchado a dirigentes de la Central Obrera Departamental de Cochabamba decir que 'así como lo hemos subido al presidente Evo (Morales), lo vamos a tumbar'. Ese es el lenguaje golpista, ese es el lenguaje antidemocrático", denunció.
"En el diálogo con la COB vamos a reiterar esta propuesta (de pensiones planteada por Arce) porque es irrevisable. No vamos a poner en riesgo la economía del país, la sostenibilidad del Fondo Solidario y la asignación de recursos para la gente que gana menos en el país", afirmó Quintana. También advirtió que si se mantiene la paralización de actividades en Huanuni, principal mina de estaño del país, nacionalizada en 2006, hay "riesgo de colapso" económico de esa empresa, por lo que "aceleran un suicidio colectivo".
Además, la agencia Prensa Latina informó que los bloqueos de rutas realizados por miembros de la COB abarcan ya siete regiones del país, e implican el cierre del tránsito en las vías que comunican con Argentina y Chile. Ante este panorama, el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, reiteró el pedido de diálogo que hizo ayer el Gobierno y descartó la exigencia de los dirigentes de la COB para entablarlo con el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.
Asimismo, movimientos sociales afiliados a la COB, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y la Confederación de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias Bartolina Sisa, pidieron a los dirigentes de la central obrera reflexionar y retomar el diálogo con el Gobierno. También el secretario ejecutivo de la Confederacion de Jubilados y Rentistas de Bolivia, Mamerto Goyochea, pidió a la COB que presente una proyección que permita garantizar la "sostenibilidad en el tiempo, sin afectar la jubilación de otros sectores", de cualquier posible incremento de las rentas.
En abril pasado, la central obrera presentó otro pliego de demandas de aumento salarial, y acordó con el Gobierno una suba del 8 por ciento para los trabajadores de la administración pública y del 20 por ciento en el salario mínimo, que supera en 127 por ciento al percibido en 2005, según el Ministerio de Economía.
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