Tras aprobar el blanqueo de capitales, el Frente para la Victoria y sus aliados consiguieron aprobar el último de los proyectos de modificaciones referido a distintos aspectos del funcionamiento la Justicia. Diputados avaló los cambios que fueron introducidos en el texto de la iniciativa por el Senado.

Los cambios realizados en la Cámara alta partieron de sugerencias que hizo llegar la Corte Suprema al Parlamento y que aceptó el Ejecutivo. Entre las modificaciones figura la concesión al reclamo de los magistrados del fuero federal de poder continuar con la designación directa, y ahora en forma “excepcional”, de los cargos de relator de cámara y secretario privado de primera instancia, aunque estos agentes “no podrán ser promovidos a planta permanente en forma definitiva”. El juez también podrá designar en forma directa dos cargos letrados, pero en las mismas condiciones que los anteriores.

Otra de las modificaciones fue descentralizar los concursos públicos para la designación de todos los cargos a la Justicia, que de acuerdo con el texto original del proyecto iban a estar en manos del Consejo de la Magistratura. Los cambios ahora establecen que la Corte Suprema se encargará de los concursos para el ingreso de personal (desde un empleado hasta un secretario) al Poder Judicial; la Procuraduría hará lo mismo para los distintos cargos en el Ministerio Público Fiscal, de igual modo lo resolverá por su parte la Defensoría, mientras que el Consejo de la Magistratura tendrá a cargo sólo los concursos de su propio personal.

Además del ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Nación a través de concursos públicos, la reforma impulsada por el Ejecutivo incluyó una reestructuración del Consejo de la Magistratura que, además de ampliar su conformación, estableció la elección a través del voto popular de los nuevos consejeros, aspecto que fue objetado judicialmente por sectores opositores, jueces, abogados y algunas ONGs.

Ya habían sido aprobadas también la regulación de las medidas cautelares en causas en las que el Estado o sus entes descentralizados son parte; la creación de tres nuevas cámaras de casación; la difusión de las resoluciones y acordadas de la Corte de los tribunales de segunda instancia; y la publicidad de las declaraciones juradas de jueces y funcionarios públicos.