23:31 › HAY UNA RECOMPENSA DE 2 MILLONES DE PESOS
El Director del Servicio Penitenciario Federal presentó esta mañana una denuncia penal ante la justicia federal de la Capital Federal, para que se investigue en profundidad la fuga de Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera. Ambos fueron condenados por crímenes de lesa humanidad en San Juan y estaban alojados en el Hospital Militar Central porteño para realizarse estudios médicos. El ministro de Defensa Agustín Rossi dispuso el pase a retiro del personal del Ejército que encabezaba las áreas de salud y prohibió que se aloje en hospitales militares a procesados con prisión preventiva o condenados penalmente.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que ofrece una recompensa de 2 millones de pesos en cada caso, para quienes aporten datos fehacientes que favorezcan la captura de los represores Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, quienes se fugaron del Hospital Militar. Al respecto, la resolución firmada por el ministro Julio Alak explica que la recompensa es por "información determinante para la detención" de cada uno de los represores condenados por crímenes de lesa humanidad.
La denuncia agrega que "no obstante procederse a una búsqueda exhaustiva por las instalaciones del citado hospital, la misma fue infructuosa, constatándose la evasión de ambos internos". El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, solicitó que se investiguen en profundidad los hechos, ya que "ambos internos habían sido trasladados del Complejo Penitenciario Federal N II en el horario matutino hacia el hospital Militar Central, en carácter de Tránsito al mencionado Complejo, provenientes del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan, a efectos de cumplir con tratamientos médicos ordenados por el Juzgado Federal N 2 de San Juan, a cargo del Dr. Miguel Angel Gálvez".
El titular de la cartera de Justicia explicó que "los detenidos presentaban una patología que por sus características podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos ya que no existía riesgo de vida. No obstante ello, esta Institución dio acabado cumplimiento a la manda judicial, la que se presenta como injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad".
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