Al ser informado de la fuga del político de la opositora Convergencia Nacional (CN), Evo Morales pidió a Brasil la "devolución" inmediata de Pinto, algo que no podrá concretarse hasta que su situación esté definida, para lo que no existe un plazo establecido. Al respecto, el abogado de Pinto, Fernando Tiburcio, quien hospeda al legislador en su casa en Brasilia, informó que su cliente negocia asilo político en un "tercer país", que según ratificó, no es Uruguay, como se había barajado en un primer momento.

Tiburcio indicó que se reunió ayer con el embajador de ese "tercer país" en Brasilia para indagar sobre la viabilidad de obtener un pedido de asilo para Pinto, si fuera necesario, y el embajador en cuestión habría advertido que necesitaría "consultar a su canciller".

El abogado del opositor boliviano aseguró que considera poco probable que el Conare deniegue el pedido de refugio, ya que Pinto recibió en junio del año pasado asilo diplomático del gobierno brasileño, pero aclaró que "si la politización del caso llega a afectar las garantías legales y constitucionales" de su cliente, analizará la posibilidad de pedir asilo en otro país o refugiarse en su embajada en Brasilia.

Dilma Rousseff y Morales se reunieron durante 75 minutos en Surinam, donde participan de la VII cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en un encuentro destinado a analizar la relación bilateral. Al término de la cita, ninguno de los mandatarios hizo declaraciones públicas.

Según la versión electrónica del Folha, Morales informó que enviará al Ministerio Público de Brasil y la Conare toda la información relativa a los cerca de 20 procesos judiciales contra Pinto que se tramitan en Bolivia, por incumplimiento de deberes de funcionario público, contratos lesivos al Estado, corrupción pública, sedición, asesinato de campesinos en 2008, desmonte en el departamento de Pando y delitos económicos, entre otros.

Debido a la existencia de acuerdos internacionales destinados al combate a la corrupción, firmados por Brasil, el legislador, en caso de permanecer en el país, podrá responder por los delitos de corrupción que se le imputan ante la Justicia brasileña.

La ministra boliviana de Comunicación y vocera presidencial, Amanda Dávila, expresó a través de su cuenta de Twitter que antes de reunirse con Rousseff, Morales dijo que existen "algunos grupos de Brasil que quieren hacernos enfrentar con la compañera Dilma pero no lo van a poder porque hay madurez política".

Mientras el legislador boliviano aguarda que Brasil le conceda refugio, la Fiscalía General de su país solicitó a la policía internacional (Interpol) su captura.