El denominado Exchange Bondoholders Group (EGB) -que dice reunir 1500 millones de dólares pero que representan la voz de tenedores por los más de 65.000 millones de dólares canjeados-, considera que la sentencia de la Cámara "viola los derechos de propiedad de los acreedores del canje" y es "anticonstitucional". Ante eso, la presentación legal pide lo que técnicamente se llama una "nueva revisión en banc" (de toda la corte), entre los argumentos más fuertes.

De esta forma queda expuesto que no sólo la Argentina, sino los bonistas del canje, acudirán a todas las instancias legales a su alcance para dar vuelta el caso. El pedido de los bonistas es a los mismos trece jueces que ya habían rechazado el pedido "en banc" de la Argentina acerca del primer fallo de octubre de 2012. Si se repite la historia con este segundo fallo, es de esperar que EGB siga los pasos hasta apelar a la Corte Suprema, como prevé hacerlo la Argentina.

Los bonistas están en contra de que la Cámara "prohíba a la Argentina pagarle a EGB, a menos que también le pague a NML", el fondo buitre de Paul Singer que integra Elliott, entre otros, según consignaron. Advierten que la orden ("injuction", que técnicamente es una orden para remediar algo, en este caso es el remedio de lo que la Cámara entiende se violó el tratamiento igualitario a los acreedores) "va más allá" y prohíbe al fiduciario, el Bank of New York -el agente de pago del país- transmitirle pago alguno a menos que NML reciba también un pago, "aun cuando es indiscutible que esos fondos son propiedad de EGB en el momento que el Bank of New York recibe el dinero de la República de la Argentina".

En los canjes de 2005 y 2010 se utilizó un mecanismo de pago indirecto, a través del Bank of New York, donde los fondos son transferidos en el territorio argentino a los acreedores, a través de dicho banco. Con la ratificación completa del fallo del juez Thomas Griesa, el pasado 23 de agosto, la Cámara pasó por alto este aspecto y razona que los fondos comprometidos pertenecen al país, y no a los acreedores, y eso es también lo que apelará la Argentina.

"Si la decisión no se revierte, la orden activará un default del orden de 65.000 millones de dólares en tenedores de bonos de terceras partes", estimaron los bonistas, a la vez que advirtieron de las consecuencias para la "economía global y el entero sistema financiero internacional de restructuraciones de deuda soberana". El documento, de unas 15 páginas, fue firmado por los abogados representantes de bonistas Sean O Shea y David Boies, el mismo que defendió a Al Gore en la contienda judicial que llevó a la presidencia a George Bush.