La jueza María Servini, que investiga los crímenes del franquismo desde que en 2010 España cerró la causa que había abierto el entonces juez Baltasar Garzón, ordenó el 18 de septiembre la busca y captura de los cuatro exmiembros de las fuerzas de seguridad, en una decisión celebrada como "histórica" por las víctimas de la dictadura.

Ruz recibió ya la dirección de los dos represores que continúan con vida y pedirá ahora a la jueza argentina que solicite formalmente la extradición. En esa petición, la jueza tendrá que adjuntar la documentación sobre los hechos por los que pide su entrega y que serían constitutivos de delitos de homicidio agravado, privación ilegal de libertad, torturas y sustracción de menores.

Ayer, la fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a la detención preventiva de los presuntos torturadores, pero pidió a Ruz que inste a Argentina, a través del Ministerio de Justicia, a solicitar formalmente la extradición de los reclamados.

La última palabra sobre una extradición la tiene el gobierno de Mariano Rajoy, al que la jueza Servini, así como Amnistía Internacional, pidió colaboración.

La causa abierta en Argentina en 2010 investiga los crímenes de lesa humanidad y/o genocidio cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, período que va más allá de la muerte del dictador Francisco Franco, fallecido el 20 de noviembre de 1975.

El pasado 18 de septiembre, en una resolución sin precedentes, Servini de Cubría imputó a ex agentes de seguridad y dictó una orden de arresto internacional en su contra con fines de extradición.

En su resolución, la jueza señala en el caso de los crímenes del franquismo, que son imprescriptibles, es aplicable el principio de jurisdicción universal para evitar que puedan quedar impunes.