Los camaristas Alfredo Gusman y Graciela Medina sostuvieron que el Estado es responsable por la explosión de la Fábrica Militar, por tener bajo su responsabilidad a ese organismo en el que se detectaron "alarmantes condiciones de inseguridad y de prevención en el mantenimiento".

"La gravedad de los acontecimientos producidos tuvo proyecciones mortificantes con aptitud para provocar, en quien los sufrió, alteraciones disvaliosas de su espíritu, merecedoras de una indemnización a título de daño moral", indica el fallo que, además, critica los argumentos que deslindan de responsabilidades al Estado y hablaron de un presunto ataque terrorista: "Insistir con conjeturas tales resulta más propio de una novela de ficción que de la seriedad y probidad con que las partes deben comportarse en el proceso judicial".

Las indemnizaciones alcanzan los daños sufridos por las víctimas "portadoras de incapacidades absolutas y permanente significativas, que sufren múltiples dolencias tanto en su aspecto físico como psíquico" y los perjuicios por daños en viviendas y comercios que se "originaron al producirse las fatídicas explosiones, siendo estos daños la causa que provocó la desvalorización de las propiedades".