El programa televisivo ADN, de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), mostró una serie de testimonios de narcos, algunos de ellos mediante cámara oculta, que apuntan a Liliana Josefa Juncos como una de las personas que mueve el "negocio grande" de la droga en Córdoba, según el relato de uno de los que "cocinan" y mercadean la droga. Además de legisladora, Juncos fue convencional constituyente, auxiliar de la Lotería de Córdoba y subdirectora de Jurisdicción de Programas Especiales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba durante la gestión del gobernador Juan Schiaretti. Además, fue asesora del bloque Unión por Córdoba en el Concejo Deliberante capitalino.

En 2010 Juncos tuvo que renunciar en el cargo en la Secretaría de Derechos Humanos por denuncias que vinculaban a un comedor comunitario como pantalla para el negocio de la droga en el barrio capitalino Müller, además de las sospechas que la involucraban con el crimen de una niña. Este año también tuvo que abandonar su labor de asesora del delasotismo en el Concejo Deliberante, luego de que la Justicia Federal realizara una serie de allanamientos vinculados a la trata de personas. En uno de sus domicilios se encontró que familias colombianas realizaban trabajo esclavo en fabricación de muebles.

Además de los detalles de una red de negocios que se manejan en torno a la droga, en el programa también se mencionó al piloto oficial del helicóptero del Gobierno de la provincia como una de las partes involucradas en las redes del narcotráfico en Córdoba.

En otro tramo del programa se puso al aire una escucha telefónica donde Liliana Navarro, secretaria penal del Juzgado Federal N°1, menciona su "preocupación" por las derivaciones en la investigación judicial del narcotráfico y augura la inminencia de una "guerra entre narcos". La funcionaria, en un diálogo telefónico que no identifica al interlocutor, sostiene que el gobernador José Manuel de la Sota "trajo de Brasil empresas del narcotráfico que mueven mucha guita", y que varios operadores del mandatario trabajan con ofrecimientos de cargos y otras propuestas en el ámbito de la Justicia para tratar de frenar el escándalo.

Las derivaciones sobre los vínculos de la droga con el poder político tiene una causa principal, que lleva adelante el fiscal federal Enrique Senestrari, y cuenta con una decena de imputados y cinco detenidos del área de narcotráfico del organismo de seguridad provincial. Los detenidos son el extitular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, comisario Rafael Gustavo Sosa; el comisario Alberto Saine; el oficial Franco Argello; los suboficiales Fabián Peralta Dátoli y Mario Osorio, todos dependientes de organismos vinculados al combate a las drogas.