Los magistrados de la Corte indicaron que se ha sostenido de "modo invariable la doctrina según la cual las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de magistrados cuyo trámite se efectuó ante órganos ajenos a los poderes judiciales, constituyen un ámbito en el que sólo es posible la intervención judicial en la medida en que se aduzca y demuestre inequívocamente por el interesado, violación de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Nacional".

En ese sentido, Miret intentó argumentar que el jury "carecía de jurisdicción al momento de dictar su fallo" ya que "había presentado su renuncia" ante el Poder Ejecutivo, pero no había sido aceptada, lo que, a su entender, "debía interpretarse como una aceptación tácita de aquella".

A ese reclamo, la Procuradora Laura Monti replicó que "si se considerara que el Poder Ejecutivo Nacional puede aceptar tácitamente la renuncia de un juez sometido a enjuiciamiento, se violaría la división de poderes y se causaría un daño a la comunidad", por lo que había dictaminado y recomendado a la Corte a favor del rechazo del recurso del exmagistrado.