El revés judicial recayó contra la circular emitida por el gobierno que obligaba a los jefes de policía a informar siempre a sus superiores si la Fiscalía les requería alguna detención como en el escándalo de corrupción que llevó a prisión preventiva el hijo del exministro de Interior turco. Durante su corta vigencia, la medida logró bloquear una segunda tanda de detenciones que iba a afectar no sólo a altos cargos de empresas públicas sino potencialmente incluso al hijo del primer ministro.

Tras recibir una queja del colegio de abogados de Ankara, el Tribunal Constitucional declaró esta medida "inconstitucional", lo que devuelve a la Fiscalía y la Policía la independencia de llevar a cabo investigaciones y detenciones sin tener que informar previamente al Ejecutivo.

La declaración es consecuencia de una espiral de acusaciones mutuas iniciado por el fiscal Muammer Akkas, cuya investigación fue bloqueada tras requerir a la policía una serie de 30 detenciones. El fiscal jefe de Estambul desautorizó a Akkas y lo apartó de la causa, una acción que horas más tarde fue declarada como "ilegitimo" por el Consejo General del Poder Judicial.

Por otra parte, manifestantes convocados por las redes sociales realizaron una movilización "contra la corrupción" y para reclamar la dimisión de Erdogan, y fueron reprimidos con violencia por la Policía de Estambul, cuando intentaban reunirse en la avenida Istiklal, cerca de la plaza Taksim.

Llevaban pancartas con lemas como "Taksim está en todas partes. Resistencia en todas partes". Los diarios turcos dicen que las escenas "hacen pensar en las protestas sociales" del parque Gezi en junio pasado, con el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua a presión contra los manifestantes.

El escándalo de corrupción y sobornos en Turquía que ya le costó el cargo a tres ministros del gobierno, causando una profunda remodelación del gabinete, mientras que 24 personas fueron detenidas, entre ellas dos hijos de ministros.