El CELS manifestó su propósito de acercar al tribunal "estándares sobre cómo se ha delineado la investigación de este tipo de hechos perpetrados por integrantes del Poder Judicial". Según los datos del organismo, hasta la fecha hay 24 funcionarios judiciales procesados y 17 denunciados. "A ocho de ellos se les ha dictado la falta de mérito o han sido sobreseídos, resoluciones que han sido apeladas por la fiscalía. Este avance en la investigación de las actuaciones del poder judicial se enmarca en un contexto de interpelación del rol de la justicia en su conjunto, con miras a su democratización", agrega el documento.

El CELS advierte, además, que durante mucho tiempo "primó una idea de jueces, fiscales y secretarios 'inhábiles' para poder enfrentar la maquinaria de terror puesta en marcha por los militares". El organismo de derechos humanos agrega que durante la "profundización en la investigación y análisis del modelo represivo" se pudieron "observar acciones concretas de esos funcionarios que implican complicidad, participación o autoría en crímenes de lesa humanidad".

El escrito detalla algunos antecedentes, entre ellos el caso de Víctor Hermes Brusa, único exfuncionario del Poder Judicial condenado a la fecha. También menciona los casos de los jueces Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo, procesados por la Justicia mendocina, quienes serán juzgados a partir del 17 de febrero.

Para el CELS, los "funcionarios judiciales" procesados por delitos de lesa humanidad son aquellos que "habiendo conocido la implementación del plan clandestino de represión y la ilegalidad del accionar de las fuerzas armadas y de seguridad mostraron la resistencia, directa o por inacción, de abrir investigaciones judiciales o realizarlas seriamente".