"Sí tenemos interés en ayudar a que un gobierno elegido y legítimo sea capaz de expulsar a los terroristas", dijo Kerry al abandonar Jerusalén hacia Arabia Saudí y Jordania. "Vamos a hacer todo lo posible para ayudarlos (...) Obviamente no estamos contemplando regresar o enviar efectivos sobre el terreno. Esta es su lucha y vamos a ayudarlos en su lucha", agregó.

Los milicianos del grupo Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS), cercano a Al Qaeda, asaltaron varias ciudades de la provincia occidental desértica de Al Anbar tras la retirada del Ejército y aprovechando las tensiones producidas en el marco de las protestas de sunitas contra el gobierno de mayoría chiita de Nuri al Maliki. Según dijo hoy el líder tribal Ahmed Abu Risha, en declaraciones a la televisión Al Arabiya, los terroristas han sido expulsados en un "90 por ciento" de Ramadi, la capital provincial, pero una amplia parte de la vecina Faluya continúa bajo su control.

Kerry consideró que los miembros de ISIS son "los elementos más peligrosos de la región. Su barbarie contra los civiles en Ramadi y Faluya y contra las fuerzas de seguridad iraquíes ha sido vista en todo el mundo".

La escalada de la violencia en Fallujah y Ramadi comenzó el lunes pasado cuando el primer ministro iraquí, el líder chiita Nuri al Maliki, anunció que, en un intento por contener la insurgencia sunnita en el oeste del país, había dado la orden de destruir el principal campamento de protesta de la oposición sunita en la ciudad de Ramadi.

A finales de 2012 y siguiendo la ola de levantamientos populares en los países vecinos, miles de iraquíes sunnitas salieron a las calles en varias ciudades del país para pedir la liberación de los detenidos sin cargos y la anulación de la ley antiterrorista. Algunas de esas masivas protestas terminaron convirtiéndose en campamentos permanentes en las capitales de las provincias de mayoría sunnita, entre ellas Al Anbar.

Al Maliki condenó las protestas y calificó a los campamentos como "las sedes del liderazgo de Al Qaeda". Las redadas del gobierno provocaron una ola de protestas y ataques, que pese a la represión de la policía, el Ejército y las propias milicias tribales, no pudo detener el avance de los islamistas radicales.