Representados por el estudio ITN Solicitors de Londres, los abogados del expresidente Mursi explicaron que presentaron dos documentos ante la CPI: una declaración de Mursi aceptando la jurisdicción del tribunal y una demanda para investigar los crímenes del actual gobierno de facto, a pesar de que Egipto nunca firmó el Estatuto de Roma, por lo que no es un Estado parte de la CPI y no cae bajo su jurisdicción. Sin embargo, la corte internacional permite que el gobierno de un país no firmante acepte la jurisdicción a través de una declaración y permita la investigación de crímenes cometidos en ese país o por un ciudadano de ese país.

Por eso el primer objetivo de los demandantes es que la CPI declare que lo que sucedió el 3 de julio pasado en Egipto fue un golpe de Estado y que, por lo tanto, Mursi sigue siendo el presidente legítimo y tiene el poder de emitir una declaración otorgando jurisdicción a la corte sobre su país. "Debe decirse de forma clara que el régimen militar egipcio corre el riesgo de ser juzgado. Eso es lo que intenta lograr la declaración que acepta la jurisdicción (de la CPI)", explicó uno de los abogados del equipo que representa a los islamistas egipcios, el sudafricano John Dugard, quien durante y después de la segunda Intifada (levantamiento) palestina contra Israel fue Relator de Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por el Estado judío desde 1967.

A diferencia de los informes de sus colegas y antecesores, Dugard fue implacable en su condena a Tel Aviv y llegó a comparar, en un informe de 2007, las políticas de ocupación israelíes con las del régimen racista del apartheid en Sudáfrica.

El equipo legal, que además incluye a Ken Macdonald, exdirector de la Fiscalía General británica, anunció que se reunirá con funcionarios de la CPI en los próximos días para presentar su caso, según informó la agencia de noticias EFE. La defensa de sus argumentos no será fácil ya que Mursi está detenido en una cárcel de El Cairo desde que fue derrocado, y en los últimos meses la Justicia egipcia comenzó a juzgarlo por varios crímenes, entre ellos terrorismo, asesinato y espionaje. Pero si la CPI llegara a aceptar el argumento de los islamistas egipcios, entonces la oficina del fiscal de la corte internacional deberá comenzar a analizar el segundo documento, la demanda para investigar los crímenes cometidos en Egipto después del golpe de Estado.

La demanda, presentada en La Haya el 20 de diciembre pasado, acusa al gobierno de facto egipcio de haber asesinado, detenido ilegalmente, torturado, perseguido y hasta desaparecido a un grupo político bien definido. Uno de los casos que la demanda describe detenidamente es la masiva redada de la policía y los militares que el 14 de agosto pasado destruyó los dos principales campamentos de protesta islamistas en El Cairo. Según los islamistas y aliados de Mursi, el gobierno de facto envió topadoras y colocó francotiradores.

El saldo de víctimas aquel día rozó los 630 muertos, pero la ofensiva oficial provocó una ola de protestas y ataques islamistas que en una semana elevó la cifra de fallecidos a más de 1000. "Pase lo que pase en Egipto en el futuro, estos crímenes no pueden esconderse bajo la alfombra. Tienen que ser investigados y la CPI puede hacerlo ahora", sostuvo Rodney Dixon, otro de los miembros del equipo legal que llevó la demanda ante La Haya.