La hija del monarca fue acusada de un delito de blanqueo de capitales y otro de fraude fiscal, penados con hasta seis años y cinco de prisión respectivamente, que habría cometido como copropietaria de la sociedad Aizoon, que comparte con Urdangarín, y a la que se desviaron más de un millón de euros públicos de los apropiados por el Instituto Nóos.

El juez del caso, José Castro, citó a la infanta Cristina a declarar el próximo sábado 8 de marzo a las 10 horas en los juzgados de Palma de Mallorca, donde se instruye la investigación, según informa en un escrito de 227 páginas. En los últimos ocho meses el magistrado estuvo centrado en investigar la actividad tributaria y financiera de la hija menor del rey después de que la Audiencia provincial bloqueó su primera imputación.

En abril, Castro encontró 14 indicios de la presunta complicidad o colaboración necesaria de Cristina de Borbón y Grecia con las actividades delictivas de su marido, pero el tribunal provincial, instancia de apelación, levantó la imputación aunque dejó abierta la puerta a que sea investigada por fraude fiscal y blanqueo.

Tras rastrear sus cuentas, tarjetas, gastos, propiedades y declaraciones fiscales, el magistrado certificó que la infanta cargó a Aizoon gastos personales y que la contabilidad de la sociedad, que anteriormente ya había calificado de "instrumental", dista de ajustarse a la realidad. Asimismo, de los primeros detalles que se conocieron del escrito de procesamiento, Castro sostiene que los Duques de Palma no tributaron por los supuestos ingresos procedentes de los dividendos de la sociedad.

El abogado de la hija del rey anunció que recurrirá ante la Audiencia de Palma la imputación. Miquel Roca dijo que discrepa de la decisión del juez Castro y que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia de Palma para evitar que la infanta tenga que declarar el próximo 8 de marzo.

Es la segunda vez que la Justicia española imputa a la hija menor del rey. En la primera, en abril de 2013, no llegó a declarar ya que el juez suspendió la citación tras un recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción ante la Justicia española. En aquella ocasión, el juez apreció indicios de que la infanta pudo consentir que su parentesco con el rey de España fuera utilizado por Urdangarin -junto a su ex socio Diego Torres- para llevar a cabo presuntas actividades ilegales en el instituto Nóos, una entidad pública en torno al deporte.

Hace un mes, la Fiscalía española se opuso públicamente a la imputación de la infanta, al considerar la inexistencia de pruebas que pudieran vincular a Cristina con actividades delictivas. "Las meras conjeturas o sospechas no constituyen elementos válidos de imputación", señaló entonces el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.