"Quedan once empresas por adecuarse a los requerimientos que establece la Ley 26.522 y es un objetivo de la Afsca completar las adecuaciones a lo largo de este año", afirmó Sabbatella.

Hasta el momento, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobó 14 proyectos de adecuación, rechazó 15 y debe tratar los planes que presentaron multimedios como el grupo Clarín, Telefé, Prisa, UNO y Telecentro, entre otros. La intención del directorio del organismo sería tratar los proyectos de adecuación antes de marzo, y exigir también que Cablevisión -que pertenece Clarín- modifique su grilla de canales como hicieron otras firmas de TV por cable.

"Sentimos que estamos en una etapa que concluye, que es la que empezó en 2009, cuando se aprobó la Ley de Medios tras una larga discusión que dieron muchos sectores en pos de conseguir una norma de la democracia. Ahora empieza otro camino, que es asegurar la amplitud de voces y actores comunicacionales en el país", remarcó Sabbatella en una entrevista con la agencia Télam. Destacó que existen 1132 reservas de frecuencias de TV y radio, entre las que figuran emprendimientos comunitarios, cooperativos y "medios que difunden las voces de los pueblos originarios".

"Por todo lo que hicimos desde 2009 y profundizamos en el último año, podemos decir que estamos firmemente encaminados en garantizar la división del espectro comunicativo en tres tercios: uno para el sector privado, otro para el Estado y el restante para las organizaciones de la sociedad civil", aseguró el exintendente de Morón.

El funcionario consideró que el 2013 fue "un gran año" en el derrotero hacia la democratización de la comunicación "con tres hitos fundamentales: la audiencia pública convocada por la Corte Suprema; el fallo del tribunal que convalidó la Ley de Medios y el límite que se le fijó a una corporación como Clarín con esa sentencia".

Remarcó el trabajo de otras dependencias oficiales con el propósito de "hacer cumplir una ley de la democracia, como el ministerio de Planificación, la Secretaría de Comunicaciones, el INCAA, la Defensoría del Público y las empresas de radio y televisión". "Asegurar la pluralidad de voces y la democratización de la palabra es una tarea que va más allá de un organismo. Se trata de una verdadera política de Estado", subrayó.