"Estamos trabajando en la causa y puede haber más detenciones, teniendo en cuenta que las 17 detenciones ordenadas ayer (16 policías y una agente penitenciaria retirada) corresponden únicamente a la labor investigativa de diciembre", precisó el fiscal Garzón. Aclaró que esas detenciones "tienen que ver con la conducta en el ámbito de las funciones que le corresponden como policías y no con los saqueos", no obstante sostuvo que la eventual participación de efectivos en los actos de vandalismos es un tema que "se está investigando".

Garzón también detalló que a la decisión de detener a los policías por el acuartelamiento de diciembre "se le suma la necesidad de preservar la investigación y la prueba", al dejar en claro que estando en funciones y dentro de la fuerza podrían obstaculizar el proceso investigativo, particularmente en lo referente a las pruebas testimoniales.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Seguridad de Córdoba, Walter Saieg, sostuvo esta mañana que la situación en la policía es de "absoluta normalidad" en toda la provincia y que no se ha registrado "malestar" en ninguna dependencia. Además destacó la presencia preventiva de las fuerzas federales que lleva "tranquilidad" a los cordobeses.

Al respecto, el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, afirmó hoy que la situación en Córdoba "está debidamente resuelta" por la acción "coordinada" del gobierno nacional y provincial para evitar que se repitan acuartelamientos policiales y saqueos como los ocurridos a principios de diciembre. "Hubo una acción decidida por la Presidenta de la Nación, con la presencia en Córdoba del secretario de Seguridad, Sergio Berni", señaló Capitanich esta mañana desde Casa de Gobierno en rueda de prensa.

La posibilidad de un nuevo acuartelamiento fue detectada el miércoles por las autoridades policiales y de Gobierno, razón por la cual el Tribunal de Conducta Policial resolvió rápidamente separar de la fuerza policial a cuatro efectivos que fueron sindicados como instigadores del intento de sublevación. A partir de esos datos el gobernador De la Sota solicitó al jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich, el envío de fuerzas federales, solicitud que se materializó ayer con la presencia en Córdoba del secretario de Seguridad Sergio Berni, junto a 1200 efectivos.

A esos indicios de acuartelamiento se había sumado la protesta, frente al edificio de la Central de Policía, de un grupo de esposas de efectivos policiales, argumentando que el gobierno provincial no estaba cumpliendo con el acuerdo firmado en diciembre que permitió levantar el acuartelamiento. "No hubo ni un solo incumplimiento de los 14 puntos firmados con los policías", afirmó anoche De la Sota y advirtió que "se terminó el hecho de que cualquiera cree que siendo policía puede protestar de cualquier manera y abandonar a la sociedad a los ladrones".