La Justicia cordobesa arrestó ayer a 16 efectivos involucrados en el levantamiento policial y los saqueos ocurridos en esa provincia en los primeros días de diciembre pasado. Por orden del fiscal Raúl Garzón, fueron detenidos durante una serie de allanamientos aquellos agentes que, según fuentes de la investigación, son considerados como “los primeros insurrectos, pero no los únicos”. Están imputados por “desobediencia a la autoridad” e “instigación a cometer delitos”, figuras que establecen penas de 2 a 6 años de prisión. Esta situación despertó un nuevo intento de rebelión por parte de policías provinciales, que alegaban el incumplimiento de varios puntos del acuerdo alcanzado con el gobernador José Manuel de la Sota.

La investigación judicial lleva un mes y medio y los arrestos de ayer son sus primeras consecuencias concretas. Garzón explicó que los detenidos son “oficiales y suboficiales que protagonizaron la primera insurrección 3 de diciembre. Se trata de los principales uniformados que desoyeron las órdenes de sus superiores y además instigaron al resto a insubordinarse y autoacuartelarse”.

Para identificarlos, la fiscalía recurrió a un trabajo de chequeo satelital de sus móviles, que cerca de las tres de la madrugada estaban parados sobre la avenida Sabattini y que a través de sus radios recibieron la orden de sus jefes de reincorporarse al servicio. “La desoyeron y además se quitaron sus insignias para no ser reconocidos”, contó el fiscal. De la misma manera taparon las identificaciones de los vehículos. Además de los efectivos, también fue detenida Adriana Rearte, ex agente del Servicio Penitenciario, esposa de un policía retirado y una de las mujeres que en noviembre comenzaron con las protestas que terminaron con el acuartelamiento y los saqueos. Rearte es una de las figuras de ese grupo bautizado las “Rosas azules”, y fue arrestada cuando participaba de una nueva protesta de mujeres frente la Jefatura de Policía, por lo que denunciaron como el “incumplimiento de 13 puntos del acuerdo con la provincia”.

El fiscal explicó que “el hecho que se le atribuye es entorpecimiento funcional y se debe a una conducta puntual en la madrugada del 2 de diciembre, en situación en que, junto a otras mujeres, habría interceptado el ingreso y egreso de los móviles de la Guardia de Infantería”.

En ese sentido, indicó que por la acción de las mujeres hubo policías que ese día “debían salir por los techos a tomar servicio porque ellas impedían el ingreso y egreso”.

Garzón dijo que en lo inmediato no están previstas nuevas detenciones, aunque no las descartó, sino que las ató a la marcha de la causa.

El avance de la investigación judicial y la posibilidad de las detenciones, aseguran en Córdoba, fue lo que puso en alerta a un sector de los efectivos. El fin de semana, las “Rosas azules” habían convocado para ayer a un “abrazo solidario” en la Jefatura de la Policía, para –argumentaron– reclamar por un incumplimiento del acuerdo de salarios con la gobernación.

En este clima, el miércoles cuatro policías, maridos de las “Rosas azules”, habían sido pasados a situación de pasividad por planificar nuevas protestas.

El grupo decidió entonces adelantar unas horas su protesta en la jefatura policial. Y estaban allí cuando la Justicia notificó a Rearte que debía presentarse en la policía, donde la informaron que quedaba detenida. Los policías detenidos fueron trasladados al penal de Bouwe y serán indagados a partir del lunes.

Las sospechas de que el motivo real del nuevo intento de levantamiento estuvo vinculado a las detenciones fueron abonadas incluso por algunos de los abogados de los policías. Miguel Ortiz Pellegrini, patrocinante de la mayoría de los efectivos que se acuartelaron, aseguró que “hasta ahora, el gobierno ha venido cumpliendo con lo prometido. Las mujeres que yo represento no tienen nada que ver con esta nueva protesta”, aclaró ayer, cuando el río estaba todavía revuelto. “Se firmó un acuerdo con el gobierno y por ahora no hay motivo que nos haga pensar que no se cumplirá.”

El fiscal aseguró que el apoyo del jefe de la Policía, Julio César Suárez, así como las declaraciones de la ex cúpula de la fuerza fueron muy importantes para la causa. “Las detenciones no han sido al azar”, remarcó. Sostuvo además que “se coordinaron con el jefe (de la Policía) para garantizar la paz social y por ello también la justificación de la presencia de la Gendarmería Nacional”.