"Hubo muchos casos de represión coordinada entre las dictaduras de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, en el Plan Cóndor, y de esta manera lo que estamos haciendo es con el intercambio ver cómo resolver muchos casos que aún no se sabe lo que ocurrió con ciudadanos de estos países", informó Timerman. El acuerdo es similar al que la Argentina ya suscribió en diciembre de 2012 con Uruguay.

"La represión estuvo coordinada y entonces ciudadanos brasileños fueron secuestrados y asesinados en territorio argentino, llevados a Brasil o las fuerzas represivas argentinas recibían información de otras dictaduras sobre ciudadanos que estaban escapando de la Argentina", dijo Timerman. En el caso de Brasil, uno de los casos paradigmáticos en el que se busca obtener más información es el del expresidente brasileño Joao Goulart, que se investiga si fue envenenado durante su exilio en la provincia de Corrientes, en 1976.

El canciller explicó que también las fuerzas militares argentinas informaban de ciudadanos uruguayos y brasileños. "Uno de los casos es el expresidente Joao Goulart, el cual su último lugar de residencia fue la Argentina y hay evidencia de que hubo intercambio de información entre la dictadura brasileña y la argentina", destacó.

Timerman afirmó que se trata de "un paso adelante en la política de ratificación y de profundización de los derechos humanos no solamente a nível nacional sino también regional". "Estamos seguros de que con Brasil va a haber información que ayude a resolver situaciones de familias que aún no saben el destino de sus familiares", remarcó.

El convenio firmado hoy crea un comisión técnica para intercambiar información y para ayudar a Brasil en el trabajo de los archivos que podrían abrirse, sobre los que la Argentina tiene interés. La iniciativa surgió a partir de una visita a nuestro país de la Comisión de la Verdad creada por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para investigar las violaciones de los derechos humanos, torturas y asesinatos durante la dictadura militar de 1964-1985, que tomó nota del convenio firmado por la Argentina y Uruguay en 2011.

La comisión estima en 50.000 los casos entre desaparecidos, torturados y exiliados. De hecho, inmediatamente después de suscribir el convenio con Timerman, Figueiredo firmó un acuerdo similar con el canciller uruguayo, Luis Almagro.