La directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Stella Segado, confirmó la información a Télam y subrayó que "el material revela la subordinación militar a las corporaciones y un ejemplo de ello es que en los primeros seis meses de gobierno de facto, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz no hace más que dar exenciones al agro. Desde el `76, se les decía "bueno, sin retenciones" y cuando les dijeron `bueno, ya está, fueron 20 años de privilegio, surgió el conflicto con el agro`".

Los originales de las actas de las juntas militares que usurparon el poder entre 1976 y 1983 halladas entre polvo y humedad en el subsuelo del edificio Cóndor en noviembre pasado, clasificadas y digitalizadas, estarán a disposición del público desde marzo próximo, en la Sala de Consultas de la Biblioteca Aeronáutica, ubicada en Esmeralda y Paraguay.

"Queda claro el funcionamiento de las corporaciones y si no empezamos a entender lo que nos pasó desde una mirada de conjunto, seguirá en la sociedad metida la `teoría de los dos demonios` y no vamos a comprender su magnitud, cómo nos sigue pegando y la huella que aún nos deja", sostuvo la funcionaria.

Además subrayó que los documentos "están ligados en un 90 por ciento a cuestiones económicas, como proyectos sobre privatizaciones, excenciones para el agro, medidas para permitir inversiones extranjeras y discusiones en el seno de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) sobre leyes laborales.

"La ley de Entidades Financieras de esa época y que aún está vigente permitió que todas las casas de cambio pasaran a ser bancos, y de golpe tuvimos 80 bancos. La pelea sigue estando presente hoy y con las mismas dificultades, por eso es muy importante analizar esta documentación para comprender históricamente el proceso y las responsabilidades civiles", agregó.

Por su validez probatoria, el material está a disposición de la justicia, en tanto las actas referidas a Papel Prensa ya fueron remitidas de oficio al juzgado de Julián Ercolini, a cargo de la causa que investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad en la venta de Papel Prensa a los diarios Clarin, La Nación y La Razón.