El proyecto es una respuesta a la propuesta que la presidenta Cristina Kirchner hizo durante la apertura del sesiones ordinarias, el 1 de marzo pasado. En su discurso, la mandataria había destacado la necesidad de sancionar "una norma de respeto y convivencia urbana". "Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana", planteó la jefa del Estado en esa oportunidad.

En los fundamentos del proyecto presentado por un grupo de diputados oficialistas se sostiene además que la iniciativa "suma como aporte concreto a los principios democráticos". "Contra otras soluciones que pretenden restringir derechos, recurriendo al Código Penal para agravar las penas de tipos ya existentes o tipificando nuevas acciones como delito, nosotros proponemos garantizar y afianzar derechos", enfatizaron.

El texto indica que las manifestaciones no podrán ser desalojadas hasta que no haya una mediación civil que será la encargada de pactar las condiciones del fin de la protesta, identificar las demandas y coordinar encuentros entre los manifestantes y los representantes estatales o entes privados.

"Contra otras soluciones que pretenden restringir derechos, recurriendo al Código Penal para agravar las penas de tipos ya existentes o tipificando nuevas acciones como delito, nosotros proponemos garantizar y afianzar derechos", enfatizaron Kunkel y sus pares María Teresa García, Juan Manuel Pedrini, Sandra Mendoza, Diana Conti y Gustavo Campos.

La propuesta plantea además la prohibición de la portación de armas de fuego "por parte de quien esté en contacto directo con los manifestantes" y aclara que "aquellos que las porten deberían guardar distancia prudente" durante la protesta. En ese sentido, se sostiene que "la actuación de las fuerzas de seguridad debe ajustarse a disposiciones previstas en la Constitución, Tratados Internacionales y esta ley", al reiterar que "el uso de la fuerza pública será limitado a su mínima expresión".

Establece que el personal de seguridad deberá estar adecuadamente identificado, mediante uniformes y placas personales y plantea que "las armas que no sean de fuego, podrán ser utilizadas para la defensa de los funcionarios ante peligro inminente pero nunca como medio para dispersar una manifestación".

"Ningún arma letal o no puede ser disparada directamente hacia los manifestantes", precisa el texto impulsado por el oficialismo, que enfatiza que "el Estado garantizará que las manifestaciones legítimas, cuyo objeto sea dar visibilidad a reivindicaciones de derechos o demandas ante autoridades públicas o entidades privadas, cuenten con la adecuada difusión en medios públicos ya sean radiales, televisivos, gráficos y digitales".