Según el premier, el ajuste -denominado "pacto de responsabilidad"- apunta a "bajar el costo de trabajo" en las compañías estatales y privadas para "dar al tejido económico la capacidad para afrontar mejor la competencia, desarrollar mejor sus actividades y ponerse a contratar, sin que sea necesario cuestionar nuestras reglas sociales, en particular el salario mínimo".

"No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades", afirmó Valls, quien recordó que el gasto público en Francia representa el 57 por ciento del PBI, y que la deuda, que era del 50 por ciento del PBI en 2002, había subido al 90 por ciento al terminar el mandato del presidente conservador, Nicolas Sarkozy, en mayo de 2012, y ahora es superior.

El recorte también apunta a cumplir con la disminución del déficit público al que Francia se comprometió con los organismos europeos, inclusive con el Fondo Monetario Internacional. "Es la base de la credibilidad y de la confianza", y también para obtener "margen de maniobra para invertir" y asegurar el futuro del "modelo social" francés, puntualizó el funcionario.

Luego del a nuncio, algunos miembros del ala más izquierdista del oficialista Partido Socialista en el Parlamento advirtieron que no votarán esa medida que se tratará el próximo 30 de abril. El diputado Christian Paul afirmó que no habían sido elegidos en los comicios de 2012 "para organizar el empobrecimiento de los franceses más modestos" y que "estas propuestas son, tal cual, inaceptables".