El sorteo se realizó este mediodía en el Instituto de Lotería y Casino de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, y estuvo presidido por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal. Scioli remarcó que el sistema de juicio por jurados "está en la base de la concepción democrática de la justicia" y destacó que "los jurados tendrán la responsabilidad cívica de representar al pueblo de la provincia de Buenos Aires".

El primer número sorteado fue 983 y como sólo hay 10.890 ciudadanos con DNI con esa terminación, lo que no cubre la cantidad de 12 mil jurados necesarios --de acuerdo a la ley aprobada en septiempre pasado-- se procedió a un nuevo sorteo, en el que surgió el 461.

A partir de la nómina preliminar, el Ministerio de Justicia local deberá depurar la lista con las personas que estén impedidas de conformar los jurados por cuestiones de edad --se requiere tener entre 21 y 75 años--, no estar limitado por cuestiones legales o penales, gozar de aptitud física y psíquica, no ejercer cargos públicos por elección popular o funcionarios públicos con rango equivalente o superior a director a nivel nacional, provincial o municipal, entre otros.

Una vez que se tenga la lista definitiva, cuarenta días hábiles antes del inicio de un juicio determinado, se sortearán 48 personas del registro que serán convocadas inmediatamente a una audiencia de selección de jurados, en la que las partes observarán o aceptarán. De los que resulten serán sorteados 12 titulares y 6 suplentes, cuyos datos las partes recién conocerán el día de inicio del juicio. Los jurados suplentes deberán permanecer en las audiencias durante toda la extensión del juicio y recién serán desvinculados a partir del momento en que el jurado se reúne a puertas cerradas para deliberar.

La lista general de jurados será elaborada y actualizada anualmente. Una vez publicada la lista en el Boletín Oficial, los sorteados tendrán 15 días para observar y/o enmendar los datos y la permanencia en la lista será anual.

La ley ordena que sea una actividad remunerada, por lo que si se trata de un empleado público o privado, gozará de los haberes habituales a cargo del empleador; si es autónomo o desempleado, cobrará 2 "jus" diarios (un valor establecido en la Justicia), valuado cada "jus" en 290 pesos. También el Estado solventará los gastos de traslado y de comidas para los casos en que la situación lo justifique.