14:40 › EL PROYECTO ESTá EN EL SENADO
El senador oficialista Marcelo Fuentes anticipó que el proyecto consensuado por el Ejecutivo con los gobernadores de las provincias petroleras se debatirá a partir del 30 de septiembre y durante tres días en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Energía y de Presupuesto y Hacienda. "La idea es que haya información suficiente para tomar una decisión con el voto", afirmó el legislador neuquino.
"La idea es generar un debate intenso del proyecto de ley de Hidrocarburos", destacó el senador en declaraciones a una radio de la provincia de Neuquén, y precisó que para fundamentar el proyecto de ley, el miércoles 1 de octubre se invitará a los gobernadores miembros de la Organización de Estados Federales de Hidrocarburos (Ofephi), y el jueves 2 a los representantes propuestos por los distintos bloques políticos.
Acerca del debate previo entre la Nación y algunos gobernadores por el texto del proyecto, Fuentes declaró: "Siempre manifesté que la sangre no llegaba al río porque las posiciones expresaban legítimos intereses pero que no había posibilidad de un desarrollo autónomo y sostenido en materia de hidrocarburos, como en cualquier otra materia, si no se encontraba un acuerdo que contemplara los intereses de la Nación y las provincias".
En ese sentido, agregó: "Siempre estuve convencido de que se iba a llegar a este mecanismo y evidentemente eso que plantee en su momento se plasma en un proyecto que expresa la voluntad común, tanto de las provincias como del gobierno nacional, de llevar adelante esta política".
La iniciativa busca modificar la Ley 17.319, de 1961, con el objetivo de incentivar las inversiones petroleras. El Gobierno logró finalmente que se elimine la modalidad de acarreo que les permite a las empresas provinciales asociarse a las petroleras sin garantizar inversiones, pero seguirá vigente para los proyectos en marcha.
En las nuevas áreas que se liciten se acordó utilizar un contrato modelo que deberá ser elaborado por la Secretaría de Energía y las autoridades de aplicación provinciales en un plazo de 180 días desde la sanción de la ley. Las provincias pierden recursos al resignar el acarreo en los proyectos que se inician, pero se las compensa con nuevos ingresos en función de la renta que generen esos proyectos. Además, se busca poner un límite a la creación de impuestos locales.
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