La resolución dictada por la Sala V alcanzó a Nelson Maximiliano Acosta, Miguel Antonio Ledesma y Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa, todos procesados por tentativa de homicidio. El tribunal de segunda instancia coincidió con la atribución de responsabilidad que hizo la jueza de instrucción Wilma López, a cargo del sumario en el que aparecen como víctimas Mario Fumaroni y a los periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) Estaban Ruffa y Germán De los Santos, que actuaron como querellantes.

En julio, la misma jueza se había declarado incompetente e intentó derivar la causa a un juzgado de menores, pero la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la decisión a favor de los querellantes y la investigación siguió su marcha.

Ahora, los camaristas Gustavo Bruzzone y Mirta López González, con la intervención de la secretaria Florencia Garay, concluyeron que las heridas de Fumaroni, Ruffa y De los Santos "fueron efectuadas con postas de plomo".

El tribunal consideró que los procesados "se hallaban en el lugar de los hechos en el que resultaron heridos los damnificados, por haber sido desplazados para el operativo dispuesto por el conflicto suscitado a partir del desalojo por la ocupación de la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín".

Los policías, según constancias de la causa, portaban escopetas "Mossberg" calibre 12/70, los únicos que llevaban ese tipo de armas. Los camaristas remarcaron, además, la similitud "entre lo investigado en estas actuaciones y el caso por los homicidios y lesiones que tuvieron lugar durante el desalojo de los terrenos del Parque Indoamericano".

El violeto desalojo seguido de represión ocurrió en la noche del 12 y la madrugada del 13 de marzo del año pasado, cuando la Policía Metropolitana avanzó sobre un grupo de jóvenes que estaban en la plaza seca del Centro Cultural San Martín.

La Sala Alberdi está ubicada en el sexto piso del complejo y era ocupada y autogestionada desde 2010 por un grupo de artistas con el objetivo de "crear un espacio abierto a la comunidad", con talleres y obras teatrales "gratuitas o a la gorra", cuya recaudación les permitía solventar las actividades.

El Gobierno porteño ordenó destinar a otros fines el espacio y trasladar a los artistas a la zona de Chacarita, lo que motivó la protesta y la decisión de los artistas de ocupar la sala para evitar su reconversión.