La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la decisión de la jueza Wilma López de declararse incompetente y remitir a un juzgado de menores la causa iniciada por los dos periodistas que fueron heridos con balas de plomo por la Policía Metropolitana, durante el intento de desalojo de la Sala Alberdi el 13 de marzo de 2013. De esta manera, resolvió a favor de la apelación de los querellantes, que estaban en contra de la resolución de la jueza de unificar el caso con la imputación a cuatro jóvenes manifestantes por daños, atentado a la autoridad y lesiones en los alrededores del Centro Cultural San Martín.

“El hecho de que el oficial Nelson Maximiliano Acosta revista la calidad de damnificado ante la Justicia de menores e imputado en la presente no resulta determinante en los términos señalados por la jueza, pues ni siquiera se presenta como posible la hipótesis de que los aquí damnificados hubieran ejercido algún tipo de agresión contra el preventor”, sostiene el fallo de los jueces Gustavo Bruzzone, Mirta López González y María Laura Garrigós de Rébori.

Mientras cubrían el conflicto por la sala para la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Germán de los Santos y Estaban Ruffa fueron heridos por disparos de escopetas Mossberg calibre 12/70, portadas por uno de dos grupos de la Metropolitana que avanzaban por la avenida Corrientes, entre Paraná y Montevideo, contra los manifestantes, que defendían del cierre al espacio cultural.

El oficial Acosta fue identificado como el probable tirador gracias a las fotos y videos aportados a la causa por la RNMA. A su vez, aparece como uno de los damnificados por lesiones menores como “herida compatible con raspón”, “traumatismo de codo izquierdo” y “lesión contusa”, que son motivo de investigación en la causa del juzgado de menores.

Tanto la fiscalía como la querella sostuvieron que estas agresiones ocurrieron en tiempos y lugares distintos de donde los periodistas fueron baleados. Sin embargo, López planteó que ambos hechos son “dos caras de una misma moneda” y que “no se puede soslayar la posible concurrencia de una causa de justificación”, intentando alegar que la represión policial fue una legítima defensa, de acuerdo con los denunciantes.

María del Carmen Verdú, la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) que defiende a los periodistas, destacó en la audiencia de ayer que Acosta, en su declaración, dijo que una piedra golpeó su pulgar izquierdo pasadas la 0.25, minutos después de que De los Santos y Ruffa fueran heridos y a varias cuadras de Corrientes y Paraná. “Ni siquiera había sido lesionado cuando disparó con munición de guerra contra dos trabajadores de prensa armados con cámaras de fotos”, explicó.

La Sala V de la Cámara no dio lugar a la decisión de la jueza al considerar que “no se ajusta a las constancias de la causa”. La imputación contra los efectivos de la Policía Metropolitana, consistente en haber realizado disparos con escopetas, utilizando munición de uso prohibido, no encuentra vinculación con el objeto procesal de las actuaciones de menores”. Asimismo, rechazaron el pedido de la querella de que se aparte a López de la causa.

Verdú contó a este diario que “ahora la causa tiene que volver al juzgado de Wilma López. Va a tener que encontrar otra excusa para no citar a prestar declaración indagatoria a los policías metropolitanos. Tenemos que esperar al 3 de agosto, cuando termine la feria judicial de invierno”.

Informe: Gonzalo Olaberría.