16:43 › SANTIAGO DEL ESTERO
El tribunal santiagueño que lleva adelante el juicio oral por el asesinato del militante del Mocase, Cristian Ferreyra, separó para una nueva instancia al exagente provincial Demetrio Palumbo, acusado de entregar a empleados de seguridad privada el arma con la que se cometió el crimen ocurrido en el marco de un reclamo por tierras.
Palumbo fue excluido del proceso debido a que "constancias psicofísicas" le impiden afrontar el juicio oral y público que se realiza en la localidad de Monte Quemado, distante a 320 kilómetros al noreste de la capital santiagueña.
De la instrucción judicial y el relato de testigos se desprende que por disposición del empresario sojero Jorge Antonio Ciccioli, el expolicía entregaba armas de fuego de grueso calibre a los integrantes de un grupo que él había contratado. Una de ellas, una escopeta doble caño calibre 12, fue la que utilizó Francisco Javier Juárez, procesado por "homicidio simple" para asesinar a Ferreyra y provocar heridas graves a otro campesino, César Godoy.
Asimismo, se pudo establecer que tras el incidente que terminó con la vida del campesino Ferreyra, el 16 de noviembre de 2011, Juárez, procesado por el delito de "homicidio simple", envió a su patrón un mensaje de texto en el que le informaba del incidente y le indicaba que "les dispare y los mandé al hospital".
El empresario Ciccioli llega al proceso judicial acusado del el delito de "homicidio simple, lesiones graves, amenazas y abuso de arma como partícipe secundario". En el mismo proceso judicial, también son juzgados otros miembros de la denominada "banda armada": Carlos Gregorio Abregú, Mario René Abregú, Víctor Hugo Juárez y Walter Juárez .
Además del homicidio de Cristian Ferreyra, los acusados enfrentan cargos por "lesiones graves" en perjuicio de César Godoy y "abuso de armas y amenazas" contra César Ferreyra, Ricardo Galván, Angela Juárez y Mirta Salto.
Ferreyra fue asesinado hace tres años de un disparo de escopeta en el campo San Bernardo, de más de 1800 hectáreas, que Ciccioli había comprado seis meses antes en la localidad santiagueña de San Antonio, población rural del departamento Copo. El hecho ocurrió durante un conflicto de tierras y productos forestales, en un campo en el que los padres de la joven víctima vivían hace más de 50 años.
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