19:50 › JUSTICIA
Con el voto de 7 de sus 13 miembros, el organismo le aplicó una multa, por única vez, equivalente al 30 por ciento de sus haberes (alrededor de 20.000 pesos), por su actuación en las causas por estafa contra el Estado nacional en la venta de acciones del astillero Tandanor y el fraude bancario de la curtiembre Yoma SA.
El secretario de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el cuerpo, Julián Alvarez, había pedido la remoción de Bonadio, quien ya acumula diez denuncias en su contra, pero el oficialismo no obtuvo los dos tercios de los votos (9 votos) previstos en el reglamento. "Es la primera vez que el plenario está en condiciones de tratar este expediente y de resolver", advirtió Alvarez, quien se preguntó cuál sería "la razón por la que no se sancionaría a un magistrado que avaló una defraudación del Estado y les garantizó impunidad a sus responsables" al dejar prescribir dos causas por fraude como fueron Yoma y Tandanor, las dos de los años 90.
El representante de los jueces en el Consejo, Luis Cabral, por su parte, planteó una moción opuesta a la de Alvarez, al pedir la desestimación de las causas contra Bonadio, por prescripción (llevan más de tres años sin resolución), sin que fueran analizados los aspectos de fondo de las denuncias, el mal desempeño del magistrado.
Apenas planteadas ambas mociones, el representante del estamento académico, Daniel Candis, propuso la aplicación de una multa en vez de su remoción, iniciativa que logró los apoyos necesarios para su aprobación, con los votos de Alvarez, el propio Candis, Pablo González (senador Frente para la Victoria), Héctor Recalde (diputado FpV), Eduardo "Wado" de Pedro (diputado FpV), Ruperto Godoy (senador Fpv) y Gabriela Vázquez, la presidenta del organismo.
En contra de la sanción y a favor de la desestimación del expediente votaron Luis Cabral, Leónidas Moldes ((juez), Gustavo Valdes (diputado Unión Cívica Radical), Angel Rozas (senador UCR), Graciela Donato (abogados), Miguel Piedecasas (abogado), quienes si bien reconocieron que el accionar del juez era cuestionable alegaron el tiempo transcurrido desde la tramitación de las acusaciones contra el magistrado.
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