El coordinador de Asunsos Humanitarios, James Rawley, opinó que la demolición de viviendas de palestinos como represalia por los ataques a soldados israelíes que controlan la Franja de Gaza tiene "un impacto particularmente devastador sobre niños, mujeres y ancianos", y se manifestó "alarmado" por el incremento de esta práctica.

"Esta práctica tiene como objetivo las viviendas familiares de los que perpetran o presuntamente perpetran ataques contra civiles israelíes y sus fuerzas de seguridad, con el objetivo declarado de disuadir a otros de que cometan ataques", agrega el comunicado citado por la agencia de noticias EFE.

Entre el 1 de junio y el 30 de noviembre pasado Israel demolió o precintó cinco viviendas de presuntos autores de ataques contra blancos israelíes o judíos tanto en territorio israelí como en suelo ocupado, y dejó sin hogar a 34 palestinos, entre ellos 16 menores. Otras seis familias, incluidas cuatro de Jerusalén Este y otras dos en Cisjordania, están en riesgo inminente de ser desplazadas.

Organizaciones humanitarias israelíes también denunciaron que es una práctica discriminatoria porque sólo se aplica contra los palestinos pero no contra los extremistas judíos. El responsable de la ONU denunció que la demolición vulnera legislación internacional a la que Israel adhiere, como la que prohíbe destruir propiedad privada en el territorio bajo ocupación, la que veta los castigos colectivos, o la vinculada con el derecho a la celebración de juicios justos.