La sesión se inició pasadas las 12,20 con la presencia de 129 legisladores del oficialismo y sus aliados, ya que la oposición sólo bajó al recinto una vez que el FPV logró reunir el quórum. Si bien el proyecto iba a ser tratado como último punto del temario de la sesión de la jornada, los diputados acordaron debatirlo en primera instancia y discutir luego los otros cuestiones, entre las que se encuentran la creación de una comisión bicameral que investigue las maniobras realizadas por instituciones bancarias con cuentas en el exterior sin declarar.

De esta manera, y de acuerdo al extenso temario, que incluye además otros 16 proyectos consensuados entre los diferentes bloques, la sesión se extenderá hasta la madrugada.

Al inicio del debate, la presidenta de la comisión de Justicia, Graciela Giannettasio (Frente para la Victoria), destacó la importancia de convertir en ley el nuevo código, al sostener que el nuevo sistema procesal “establece una nueva organización judicial" y apunta “a la celeridad, la oralidad, la publicidad y a simplificar los trámites”.

Desde el radicalismo, el diputado nacional Manuel Garrido respaldó el reemplazo del sistema inquisitivo por otro acusatorio, previsto en el proyecto oficial pero cuestionó la iniciativa por otorgarle "mucho poder” al Ministerio Público Fiscal. Al defender el dictamen de minoría impulsado por la UCR, Garrido sostuvo que, en cambio, el texto elaborado por el radicalismo restringe las facultades del Procurador General y lo pone bajo el control de una comisión especial del Congreso.

Oscar Martínez, del Frente Renovador, rechazó el proyecto oficial, al considerarlo “incompleto” y “concentrar poder en la titular del Ministerio Público”, en lugar de "poner énfasis en las víctimas", tal como propone el exintendente de Tigre, Sergio Massa, para "terminar con la puerta giratoria”.

En nombre del Frente Amplio Progresista (FAP), el presidente del bloque socialista, Juan Carlos Zabalza, rescató la trascendencia de reemplazar el modelo inquisitivo en manos de los jueces para pasar a un modelo acusatorio, aunque rechazó su aprobación por "el posible riesgo de que el Ministerio Público Fiscal termine replicando la lógica con la que aún funcionan los juzgados de instrucción. Esto puede conducir al fracaso de la reforma”, dijo.

Diana Conti, del Frente para la Victoria, por su parte, pidió la palabra para rechazar las objeciones formuladas por la oposición y advirtió que el proyecto “no tiende a encubrir delitos de funcionarios”. “Todo aquel que afirme que en este Código hay una norma que tienda a encubrir delitos de funcionarios, está equivocado porque no existe en este proyecto de Código Procesal”, señaló.

Al promediar el debate, desde el ARI-UNEN, Pablo Javquin, dijo estar de acuerdo “con la oralidad y la celeridad” incluidas en la reforma y coincidió en el cambio al sistema acusatorio pero, afirmó, “exigimos garantías para la designación de los fiscales”.

Desde el PRO, Pablo Tonelli, anticipó el rechazo de su bloque al sostener que “hacen falta normas complementarias para que este Código entre en vigencia con éxito: la ley de implementación, el Código Penal, la ley orgánica del ministerio público, el régimen penal juvenil y el de ejecución de penas”. “Este código no tiene posibilidades de entrar en vigencia por la falta de estas leyes, lo cual convierte en nulo el argumento de la urgencia planteado por el oficialismo”, aseveró.

En tanto desde Unidad Popular, Claudio Lozano, consideró que se trata de “un debate reformista necesario” pero lamentó que “no se haya dado en profundidad”, lo cual implica, dijo, “cómo elegimos los fiscales y qué papel cumple la Policía en las investigaciones”.

La iniciativa oficial incluye profundas modificaciones respecto del Código actual, entre las que se destacan la suspensión del proceso a prueba y la posible expulsión del país a los extranjeros que hayan sido encontrados cometiendo un delito en flagrancia. Entre otras cuestiones, el proyecto establece que la investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y concluye con la acusación del imputado, mientras que todo el proceso, incluido el juicio, no puede superar tres años. Además, a partir de esta reforma, se crean 17 nuevas fiscalías y 1713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país.