La presentación fue realizada de acuerdo a lo establecido en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite acudir directamente ante la Corte Suprema salteando la instancia de Cámara en las causas “que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional”, según informaron desde ese organismo.

La AFSCA explicó que la resolución del juez de primera instancia contraría los principios ya establecidos por la Corte Suprema de Justicia que, en su fallo del 29 de octubre del 2013, declaró la constitucionalidad de la ley de medios y dejó claro que su vigencia no afectaba "el derecho a la libertad de expresión del Grupo Clarín", así como tampoco ponía en riesgo su sustentabilidad económica.

“Es una barbaridad que un juez inferior se aparte sin fundamento de lo dicho por la Corte, lo que pone en evidencia que una parte del Poder Judicial se rinde ante el poder económico y permite que se consagren privilegios y se vulneren derechos como el de garantizar una comunicación plural, democrática y diversa", señaló Sabbatella, en referencia al fallo de Alfonso.

Para el titular de la AFSCA, "el sueño de (el CEO de Clarín, Héctor) Magnetto, es volver a una democracia mutilada en la que sea imposible hacer cumplir leyes que terminan con los privilegios de los más poderosos”, y consideró que “resulta escandaloso y muy preocupante que una parte del Poder Judicial se ponga a disposición de esa estrategia corporativa y le arranque al Ejecutivo la facultad de implementar leyes que sanciona el Congreso".

El escrito presentado ante la Corte Suprema indica que “las medidas cautelares dispuestas por diversos jueces que hicieron que el Grupo Clarín pueda incumplir la ley por ya más de cinco años, pone al Poder Judicial por encima de los otros poderes del Estado y restringe la libertad de expresión de los ciudadanos, al obstaculizar la pluralidad de voces”.

También recuerda que, cuando la Corte puso fin a la cautelar anterior, había señalado que “no encontrándose en juego la libertad de expresión, no existen razones que justifiquen la aplicación de una tutela inhibitoria a favor de los titulares de las licencias, protección que conllevaría la imposibilidad de implementar la ley hasta que se produzca el vencimiento de los plazos de cada una de las licencias”.