Tras la decisión del juez Horacio Alfonso de no suspender el efecto de la cautelar que frena la adecuación del Grupo Clarín a la ley de medios, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, acusó a “una parte del Poder Judicial” de poner “trabas para que no se cumpla” la norma. “Favorecen a las corporaciones, desconociendo las normas vigentes en nuestro país o interpretándolas a su gusto”, enfatizó y denunció que el grupo “sigue violando las leyes y lesionando la libertad de expresión en Argentina”.

La semana pasada, la Afsca apeló la cautelar concedida al multimedio que suspendió su adecuación a la Ley 26.522 por los próximos seis meses. La medida resuelta por Alfonso frenó la vigencia de la Resolución 1121/14 del organismo encabezado por Sabbatella, que dispuso el inicio del proceso de oficio, el 8 de octubre pasado. Por la nueva ley de cautelares, cuando el Estado es una de las partes en conflicto, una apelación como la presentada por la Afsca provoca un efecto suspensivo sobre las medidas. Esto mantendría en vigencia la resolución de la Afsca hasta que el recurso sea resuelto por la Cámara Federal. Sin embargo, en este caso el juez Alfonso no lo aplicó.

En ese sentido, Sabbatella afirmó que “la nueva norma que regula las cautelares es muy clara”. “Cuando el Estado nacional es parte, las medidas que frenan la aplicación de una resolución legal deben suspenderse hasta que la Cámara tramite la apelación”, explicó.

Para el titular de la Afsca, la decisión de Alfonso es “una nueva muestra de desprecio por las instituciones democráticas y la voluntad popular, e incluso en contra del dictamen del fiscal” Miguel Gilligan, que estuvo de acuerdo con el pedido del organismo estatal.

Según consideró Gilligan, la medida cautelar debía quedar sin efecto mientras la Cámara tramitaba el recurso. “El juez decidió seguir favoreciendo al Grupo Clarín”, remarcó Sabbatella, para quien la interpretación del magistrado “es brutal y deliberadamente a favor de un poderoso grupo económico y en contra de los intereses de las mayorías”. “Pareciera que una parte del Poder Judicial no se anima a terminar definitivamente con los privilegios de las corporaciones”, consideró.

Para Sabbatella, es “vergonzoso” que una parte del Poder Judicial “desconozca las obligaciones de los poderes públicos del Estado y siga poniendo piedras en el camino para que no se pueda aplicar la norma”.

Según la resolución de la Afsca objetada por Clarín, debería comenzar el proceso de adecuación de oficio a la ley de medios, tras el rechazo del organismo oficial al plan presentado por la compañía por presentar irregularidades y conexiones entre los socios.

“El Poder Judicial debería garantizar que el Grupo Clarín, como todo el mundo, cumpla con la ley y no darle herramientas que le faciliten la forma de hacerle trampa al Estado”, cuestionó Sabbatella. “Es inexplicable que mientras la Corte Suprema de Justicia sostuvo en un fallo histórico que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional de punta a punta y que su aplicación integral garantiza la libertad de expresión, haya una porción del Poder Judicial que siga poniendo trabas para que no se cumpla”, agregó.