"Esto es un sinsentido", remarcó Fernández, quien señaló los presuntos vínculos que unen al fiscal Nisman con exfuncionarios de la Secretaría de Inteligencia, y dijo que el Memorándum, firmado para aportar al esclarecimiento del atentado contra la mutual judía en julio de 1994, "está dentro de las facultades que la Constitución prevé para el Poder Ejecutivo".

El acuerdo con la república islámica había sido firmado en 2013 luego de varias reuniones de alto nivel entre la diplomacia argentina e iraní, y hasta contó con el apoyo de Interpol, pues establece la posibilidad de que la Justicia argentina indague a los imputados iraníes en el exterior.

En diálogo con C5N, el funcionario subrayó que "la denuncia no tiene asidero", señaló que Nisman "se ve que respondía a otras estructuras de la Secretaría de Inteligencia", y recordó que invitó a Nisman a viajar al exterior para avanzar en la investigación pero éste rechazó la propuesta durante una visita que le realizó acompañado por Jaime Stiusso, un empleado de la Secretaria de Inteligencia, aunque finalmente viajó y "terminó conforme con su trabajo". Fernández, por último, sugirió que tras el despido de Stiusso de la SI "se generan este tipo de situaciones" que indican que "estamos discutiendo otra cosa".

Si bien el tratado fue aprobado por el Congreso de la Nación, en mayo del año pasado fue declarado "inconstitucional" por la Cámara Federal de Casación Penal, fallo que fue oportunamente apelado por el Ejecutivo nacional, ya que "cercena las facultades que la Constitución expresamente otorga a estos dos poderes" de la República.

Ahora, el fiscal Nisman pidió la indagatoria de la Presidenta, del canciller Héctor Timerman, del diputado Andrés Larroque y de los dirigente Luis D'Elía y Fernando Esteche, y un embargo preventivo por 200 millones de pesos, por ser presuntos "autores y cómplices del encubrimiento agravado de los acusados iraníes por el atentado". En su escrito, Nisman se refiere a un "plan destinado a favorecer ilegalmente y desvincular en forma definitiva y fraudulenta a los sospechosos iraníes por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA" desde "dos años antes de la firma del Memorando de Entendimiento", y argumenta que el Gobierno nacional buscó con ese acuerdo "acercase geopolíticamente a Irán, intercambiar petróleo por granos y hasta venderle armas".