"Estamos decididos a trabajar de manera enérgica contra el terrorismo", dijo el primer ministro belga, Charles Michel, en la presentación de un plan de seguridad que incluye 12 iniciativas para hacer frente "al radicalismo y el terrorismo".

Las medidas son de carácter penal, administrativo y protocolario, e incluye el retiro del pasaporte o documento a los sospechosos, la negativa a otorgarles pasaporte y la ampliación de las posibilidades de retirarles la nacionalidad. Además, se ampliará la lista de infracciones en el Código Penal, que incluirá figuras como la "incitación al terrorismo", el "reclutamiento" y el "entrenamiento de sospechosos de terrorismo".

También se dispuso la creación de sectores especiales en las prisiones para "aislar" a los sospechosos, a pesar de que, según la UE, las cárceles son "incubadoras de radicalización".

En tanto, la policía concluyó la amplia operación antiterrorista lanzada el jueves. "Ahora estamos explotando la información. Veremos del lado de la policía y de las autoridades judiciales si hay que tomar otras iniciativas", declaró el ministro belga de Relaciones Exteriores, Didier Reynders, quien destacó que "se llevaron a cabo un gran número de allanamientos" y confirmó que la amenaza de atentado desbaratada ayer "estaba dirigida contra las fuerzas de policía". "No hay ninguna relación de momento con los atentados cometidos en Francia", añadió, aunque mencionó un "muy útil intercambio de informaciones".

Desde hace un año, Europa teme que alguno de los cientos de jóvenes que viajaron a Siria o Irak a sumarse a la lucha de milicias islamistas radicales vuelvan a sus países de origen para cometer un atentado.

El gobierno belga estima que alrededor de 400 de sus ciudadanos ya viajaron a dichos países para unirse al Estado Islámico, un grupo que en el último año tomó el control de más de un cuarto del territorio de esos dos países y provocó una nueva ofensiva militar internacional en la región, encabezada por Estados Unidos.