Valls explicó que recurría al artículo 49-3 de la Constitución que permite al gobierno obviar al parlamento ante el riesgo de "un rechazo" del texto, debido a la oposición al mismo de un sector de su grupo parlamentario. Los opositores dentro del propio Partido Socialista están en contra de que esta ley sobre la "actividad y el crecimiento" flexibilice el código laboral y en particular, se amplíe de 5 a 12 los domingos laborables.

El texto conocido como "ley Macron" -por el nombre del ministro de Economía, Emmanuel Macron- se considerará aprobado salvo si se presenta una moción de censura dentro de las 24 horas siguientes y se vota en las 48 horas posteriores. El proyecto de ley contempla iniciativas para ampliar -de cinco a doce- los domingos en los que los comercios pueden abrir en las zonas turí­sticas, la desregularización de ciertas profesiones como los notarios o la liberalización de sectores como el transporte público en autobús.

La última vez que un gobierno francés recurrió a este atajo constitucional fue en 2006, cuando el entonces primer ministro Dominique de Villepin lo usó para sacar adelante su proyecto de ley de igualdad de oportunidades y su polémico contrato laboral para jóvenes. "Nada nos hará renunciar, nada nos hará dar marcha atrás", declaró Valls al anunciar que se acogí­a a esa herramienta constitucional "por el interés general".

Antes, en un discurso enérgico, Macron defendió la llamada Ley para el crecimiento, la actividad y la igualdad de oportunidades entre abucheos de sus detractores y aplausos de sus correligionarios.

En lí­neas generales, desde la izquierda se critica el texto por ser demasiado liberal, mientras que la derecha juzga que el proyecto de ley no aportará un crecimiento significativo a la maltrecha economí­a francesa. Los diputados de izquierda, los ecologistas y algunos de los escaños "rebeldes" del Partido Socialista (PS) habí­an anunciado que votarí­an contra el texto, que fue debatido entre los parlamentarios durante las últimas tres semanas.

Los líderes opositores franceses cuestionaron la decisión del Ejecutivo de aprobar un proyecto de ley sin someterlo a votación en el Parlamento. El presidente de la conservadora UMP, Nicolas Sarkozy, aseguró hoy que no hay "ni mayorí­a ni gobierno" en Francia después de que el Ejecutivo socialista recurrió al recurso legislativo. Por su parte, la lí­der del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, fue más lejos y pidió hoy la dimisión del gobierno francés.