La decisión del juez detiene el proceso puesto en marcha por el gobierno para beneficiar a un contingente estimado de entre cuatro y cinco millones de inmigrantes en situación irregular y evitar su deportación.

Los estados y jueces que patrocinaron la demanda ante el juez Hanen consideran que Obama se excedió en sus atribuciones presidenciales y que al ordenar acciones ejecutivas sobre la cuestión migratoria violó la Constitución. Los estados alegan que las acciones anunciadas por Obama provocarán "daños dramáticos e irreparables".

En un extenso documento de 123 páginas Hanen tuvo el cuidado de no considerar ilegales las acciones de Obama, pero cuestionó el derecho del presidente de adoptarlas. El juez destacó en su informe que las medidas anunciadas por Obama se refieren a un tema que el Congreso analiza. "No puedo apoyar un programa que no solamente ignora el dictado del Congreso, sino que activamente se propone frustrarlo", apuntó el magistrado.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, dependiente del Departamento de Seguridad Interna) tenía previsto comenzar a recibir y procesar a partir del miércoles las demandas de regularización de inmigrantes, tanto de personas que ingresaron como menores de edad (DACA) como de los padres (DAPA) de jóvenes que ya se beneficiaron de un programa similar en 2012.

Sin embargo, el Secretario de Seguridad, Jeh Johnson, anunció hoy que los órganos responsables no aceptarán los requerimientos "como estaba originalmente programado". "Estoy en firme desacuerdo" con la decisión del Juez Hanen, expresó Johnson en una nota oficial, donde también adelantó que "el Departamento de Justicia apelará este bloqueo temporario. Por ahora, debemos reconocerlo y obedecerlo".