Luego de la denuncia, Jorge Godoy y Benito Rótolo fueron procesados en 2011 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, y, pocas horas después, el jefe de la Armada fue pasado a retiro por orden de la presidenta Cristina Kirchner.

En 2012, el juez subrogante del juzgado federal de Rawson, Enrique Guanziroli, condenó a 13 marinos involucrados en el caso con penas que oscilaron entre seis meses y un año y medio por el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las prácticas de espionaje -vedadas por las leyes de Inteligencia, Seguridad y Defensa- ordenadas por Godoy y Rótolo se llevaron a cabo mientras que ambos imputados ejercían la Jefatura del Estado Mayor General de la Armada Argentina. En un allanamiento ordenado a la base aeronaval Almirante Zar, en Trelew, se secuestraron discos rígidos y carpetas con información sobre prácticas de inteligencia y seguimiento.

Los informes eran confeccionados por diferentes órganos de la Armada, que clasificaban ideológicamente a los espiados y circulaban a través de los canales de inteligencia. Dos años más tarde, tras un análisis de los documentos secuestrados, se demostró el carácter estructural y sistemático de las tareas de espionaje.