“La orden del Juez Griesa vuelve a violar principios legales básicos, y deja en claro que sus decisiones no están basadas en derecho sino en su manifiesta parcialidad en contra de Argentina”, sostuvo la cartera que conduce Axel Kicillof a través de un comunicado de prensa. “El Juez Griesa se ha convertido una vez más en cómplice del intento de extorsión de los fondos buitre. Y además, en esta ocasión, pretende con otra orden insólita que el Citibank de Argentina y sus directivos actúen en contra de las leyes argentinas”, advirtió Economía.

Según el magistrado “los bonos argentinos bajo ley argentina, denominados en dólares, que fueron emitidos en el marco de los canjes 2005 y 2010, deben considerarse pari passu con la deuda externa, por el solo hecho de haber sido emitidos para reestructurar la deuda”.

“Claramente, estos bonos son deuda doméstica por lo que esta decisión es un despropósito a todas luces. Esta nueva confusión se deriva una vez más de su lamentable fallo original sobre pari passu, que no responde a la lógica económica o financiera sino exclusivamente al interés de los fondos buitres”, dijo el Palacio de Hacienda.

El comunicado oficial subraya que "en un vergonzoso exceso de jurisdicción, Griesa le ordenó a Citibank Argentina que cumpla una orden que no sólo es operativamente imposible sino que, más grave aún, expone a la sucursal argentina del Banco estadounidense a violar las leyes argentinas y perder su licencia bancaria en el país”.

En este sentido, el propio Citibank ha señalado que su sucursal en Argentina “si no remite los fondos que recibe a sus clientes, tal como lo hará el resto de los custodios, incumplirá la ley bancaria de Argentina" y que por ese motivo "la República podría revocar la licencia de Citibank Argentina e incluso imponer responsabilidad penal a sus empleados”.

La orden del Juez Griesa “vuelve a violar principios legales básicos, y deja en claro que sus decisiones no están basadas en derecho sino en su manifiesta parcialidad en contra de Argentina”, señaló Economía. Ratificó que el Gobierno “continuará efectuando los pagos de toda su deuda normalmente, en cumplimiento de sus obligaciones legales" y advirtió que "aquellas entidades que operan en la República Argentina están obligadas a cumplir la legislación nacional, y que las autoridades locales serán inflexibles en asegurar su cumplimiento”.