"Tenemos que crear una nueva moral pública republicana, democrática, e igualitaria en los derechos civiles. Sé que es un trabajo de más de una generación, pero estamos orgullosos de haber comenzado. Quiero, por lo menos, tener el orgullo de ser la presidenta que dio los primeros pasos para la transformación cultural que construya ese proceso", señaló la mandataria en un acto en el Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo, frente a todo su gabinete y miembros de los tres poderes de la Nación.

El paquete anunciado hoy "representa otro paso decisivo para ampliar la capacidad del Estado de prevenir y combatir a la corrupción y la impunidad", agregó Rousseff, luego de haber declarado el lunes que es necesario escuchar "la voz de las calles" y sus reclamos.

Una de las medidas anunciadas, que como las otras dependerá de la aprobación del Congreso, tipifica como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos políticos para sus campañas, una práctica que hasta ahora sólo es considerada una infracción de tipo electoral y castigada con sanciones administrativas. "Vamos a enfrentar esa cuestión de forma bien abierta, pues así se atenderá una demanda de la población, que quiere elecciones más transparentes y limpias", declaró.

Otras medidas proponen agilizar los trámites para la confiscación de los bienes obtenidos a través de la corrupción y facilitar su subasta, a fin de recuperar el dinero robado al Estado mediante esas prácticas. También se busca extender a todos los empleados públicos una ley que hasta ahora rige sólo para los políticos e impide que postulen a cargos oficiales si responden a algún antecedente o proceso contra el patrimonio público o de tipo penal.

Asimismo, Dilma dijo que se buscará revisar las leyes contra el enriquecimiento ilícito en el sentido de que se abran investigaciones en todos los casos en que los bienes declarados a las autoridades por los empleados públicos no sean acordes a sus niveles de ingreso.

La última medida anunciada en el paquete reglamenta una ley contra la corrupción referida a las prácticas ilícitas en el ámbito privado, la cual endurece las penas para los empresarios que se involucren en delitos contra el erario público. Esta norma puede afectar directamente a 18 empresas privadas contra las que la Contraloría General ha iniciado procesos administrativos por su supuesta participación en la red de corrupción descubierta en la estatal Petrobras.

Por ese escándalo, que conmocionó la arena política de Brasil, también están bajo investigación 50 políticos, en su mayoría de la base de apoyo a Rousseff. "Mi compromiso contra la corrupción es coherente con mi vida personal, mi práctica política y mi actuación como presidenta", dijo la Presidenta, quien apuntó que el Estado tiene la "obligación de investigar y castigar la corrupción de una forma rápida y efectiva", incluso para "garantizar la protección de los inocentes".

Agregó que "todos los brasileños", incluso aquellos que no la votaron, "saben que la corrupción no fue inventada recientemente", pero insistió en que hará lo que esté a su alcance para combatirla. “Lo que diferencia un país y un gobierno de otro es que en algunos países y algunos gobiernos crean condiciones para que la corrupción sea investigada y castigada, en cambio otros prefieren silenciar”, señaló.

Por último, convocó a un "pacto nacional con todos los sectores" que pide "la reforma política", uno de los pilares de campaña con el que obtuvo el triunfo en las elecciones de octubre.