La iniciativa declara de "utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles ubicados en las intersecciones de las calles 520 a 530 y de 213 a 217 de la localidad de Abasto", los cuales, "serán destinados al desarrollo de planes de vivienda, teniendo en cuenta a sus actuales ocupantes".

El proyecto, que es promovido por el senador platense (FpV) Emilio López Muntaner, fue respaldado por el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, quien, en diálogo con Télam, anticipó: "Vamos a trabajar esta semana para que avance en el Senado un proyecto de expropiación de las tierras, que conlleva la construcción de un complejo habitacional en el lugar".

En ese marco, promueve indemnizar a los legítimos propietarios de acuerdo al valor del bien expropiado, y vender los terrenos a las familias que ocuparon el lugar la semana pasada, y que fueron reprimidos por personal policial durante el desalojo ordenado por el Juez Penal de La Plata, Pablo Raele, a pesar de la medida cautelar que había interpuesto el juez plantense Luis Arias.

La iniciativa que buscará avanzar esta semana en la legislatura provincial, tiene previsto que los ocupantes deberán saldar en cuotas mensuales "que no podrán exceder el 20 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil", y en un plazo no menor a diez años y no superior a veinticinco, el monto de las tierras de Abasto al estado provincial.

En la norma se destaca asimismo que "los bienes expropiados se destinarán a la vivienda única, familiar y de ocupación permanente de los actuales ocupantes, no debiendo éstos ser propietarios de otro inmueble".

El Partido Obrero, que mantiene junto a las familias desde el viernes pasado un acampe en las inmediaciones del predio, tienen previsto movilizarse este miércoles a la legislatura provincial para pedir que se avance con la expropiación del terreno y se realice una "construcción genuina de viviendas".

Además, plantearon que las obras deberían ser financiadas por "los pulpos inmobiliarios y grandes constructoras, quienes se han llevado ganancias siderales desde la década de los `90", quienes "deben pagar ahora los impuestos pertinentes, para solventar el plan de obras necesario".