Beristain señaló que hay 13 causas penales en seis juzgados de distintas ciudades del país (Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca y en el estado Jalisco), en tanto que los presuntos responsables se encuentran en prisiones de otras ciudades. Además remarcó que los delitos a investigar configuran el de desaparición forzada, no de secuestro, pero subrayó que se deberían contemplar "otras graves violaciones de derechos humanos, entre ellas, la tortura, tentativa de homicidios, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas, que sufrieron los normalistas sobrevivientes".

A partir de testimonios y cruces de información, los expertos de la CICH dijeron que tienen más claro lo que pasó la noche del 26 de septiembre pasado, cuando los estudiantes llegaron a Iguala (en el sureño estado de Guerrero) después de que terminara un acto público de María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces alcalde de esa ciudad, José Luis Abarca.

El ataque, en el que murieron seis personas, entre ellas tres estudiantes, sucedió en otro lugar pero "las autoridades sabían desde el inicio que se trataba de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que se encontraban en acciones de boteo (recaudación de dinero en la vía pública) y toma de autobuses", leyó el experto Beristain.

La Policía local detuvo entonces a 43 de los jóvenes, quienes según testimonios de los detenidos fueron entregados a miembros del cartel Guerreros Unidos, incinerados y sus cenizas echadas a un río, versión que los padres se resisten a creer.

Sin hacer valoraciones sobre la veracidad de la hipótesis, los expertos recomendaron al gobierno que continúe con la búsqueda, algo que el Ejecutivo acordó con los padres en una reunión celebrada el martes pasado. Los expertos añadieron que se siguen gestionando con las autoridades las entrevistas con personal militar del Batallón 27 de la zona, sospechados por los familiares por sus posibles vínculos con la tragedia.

"A un mes y medio de la solicitud, el grupo reitera la importancia de realizar estas entrevistas de manera directa para completar la investigación, por lo que espera la cooperación de todas las partes para llevarlas a cabo en su próxima visita", agrega el documento.

El pasado jueves, agentes federales realizaron la última detención importante al capturar a Francisco Salgado Valladares, subdirector de la Policía municipal de Iguala cuando los jóvenes desaparecieron.

En total, la CIDH entrevistÓ a 16 detenidos y "hubo un grupo relativamente numeroso que nos dijo que habían sufrido malos tratos y torturas". "Consideramos que las garantías legales, el análisis exhaustivo de esas denuncias, es fundamental para evitar que genere problemas más adelante", apunto el experto.

Beristain, quien estuvo acompañado por la exfiscal guatemalteca Claudia Paz, advirtió que si "no se hubieran respetado los derechos para los detenidos, sería muy negativo para el proceso, y eso tendría consecuencias legales". Por ello, subrayó es importante hacer un estudio "sistemático" de las alegaciones, de los informes médicos y de los estudios basados en el Protocolo de Estambul (de la ONU, sobre tortura) que "ayuden a determinar la veracidad, fortaleza y consistencia de esas denuncias", agregó.

El grupo de expertos está integrado por Beristain, quien es médico y psicólogo; la abogada y socióloga colombiana Ángela Buitrago; el abogado chileno Francisco Cox Vial, la exfiscal de Guatemala y el abogado colombiano Alejandro Valencia.