El expresidente Fernando De la Rúa había sido imputado por los delitos de homicidio imprudente contra Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos “Petete” Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez, y lesiones culposas contra otros 117 ciudadanos. Los asesinatos ocurrieron el 20 de diciembre en las cercanías de la Casa Rosada. Un día después de que el mandatario declarara el estado de sitio, la tarde en que la Policía Federal avanzó con sus caballos sobre las Madres de Plaza de Mayo, la tarde-noche en la que se fue en helicóptero de la presidencia.

Sin embargo, el exmandatario fue sobreseído por el juez de primera instancia antes de la elevación a juicio. Luego, la decisión fue ratificada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y a mediados de 2012 por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

Ante esta situación la fiscalía y las querellas presentaron el recurso extraordinario que, en línea con los fallos anteriores, fue rechazado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Maqueda.

En agosto del año pasado, el representante de la Procuración General ante la Corte Suprema, Ezequiel Casal, había dictaminado a contra marcha de las cámaras anteriores y solicitó al máximo tribunal que haga lugar a la queja y envíe la investigación nuevamente a la etapa de instrucción.

Con el fallo de la Corte, De la Rúa queda definitivamente libre de responsabilidad por las muertes de la represión de 2001. Mientras tanto, el juicio avanza con el exsecretario de Seguridad del gobierno de la Alianza Enrique Mathov y los exjefes de las fuerzas de seguridad Rubén Santos, Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi, además de una decena de oficiales, en el banquillo.