El CELS, querellante en el juicio oral y público que se sigue por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, que dejó un saldo, sólo en el centro porteño, de cinco víctimas fatales, 227 heridos y más de 300 detenidos, deploró la decisión del máximo tribunal que “no permite indagar las responsabilidades institucionales” de los involucrados.

En diálogo con la agencia oficial Télam, Morales subrayó que "lo más grave (del fallo), es que omite establecer cuáles son las limitaciones que debe tener el Estado de sitio en democracia”.

Entre los imputados se destacan el entonces secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y el comisario Rubén Santos, titular de la Policía Federal durante la presidencia de De la Rúa. Entre los autores materiales se encuentran los policías Orlando Oliverio, Carlos López, Eugenio Figueroa, Roberto E. Juárez, Sebastián Saporiti, Horacio Berardi, Mario Seia, Norberto Sabbino y Ariel Firpo Castro.

De la Rúa había sido sobreseído en primera instancia por el juez federal Claudio Bonadío y luego por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. El Ministerio Público Fiscal y el CELS recurrieron las dos resoluciones, pero en un escrito de siete líneas, la Corte confirmó el sobreseimiento del exmandatario.

El dictamen, que lleva las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, declara “inadmisibles los recursos de apelación y devuelve las actuaciones a las instancias de origen”.

“Lo alarmante es que el Tribunal que lleva a cabo el juicio puede entender que existen responsabilidades políticas en esa represión que comprenden a De la Rúa, incluso por negligencia. ¿Qué sucederá entonces? Es difícil saberlo”, advirtió Morales.

La semana pasada los exfuncionarios involucrados reconocieron que “pudo haber ineptitud del Poder Ejecutivo a la hora de implementar el estado de sitio” que provocó el estallido social que determinó la renuncia del entonces jefe de Estado.