La norma promueve indemnizar a los legítimos propietarios de acuerdo con el valor del bien expropiado y vender los terrenos a las familias que ocuparon el lugar la semana pasada, y que fueron reprimidos por la policía durante el desalojo ordenado por el juez penal Pablo Raele.

Además, prevé que los ocupantes deberán saldar el monto de las tierras de Abasto al estado provincial en cuotas mensuales "que no podrán exceder el 20 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil", y en un plazo no menor a diez años y no superior a veinticinco.

En la norma se destaca, asimismo, que "los bienes expropiados se destinarán a la vivienda única, familiar y de ocupación permanente de los actuales ocupantes, no debiendo éstos ser propietarios de otro inmueble".

El senador provincial y promotor de la iniciativa López Muntaner agradeció el acompañamiento de los bloques opositores y subrayó que "incorpora el compromiso por parte del Estado en avanzar en un plan de viviendas en ese predio". "Habrá una planificación urbana en donde se tengan en cuenta los espacios públicos, la construcción de una escuela y de una sala sanitaria", precisó el legislador, quien aseguró que en La Plata hay 50.000 familias sin vivienda, por lo que se manifestó a favor de una decidida intervención del Estado.

"Hace falta dirimir para qué lado se gobierna, si beneficiamos a los intereses de una minoría o de algunos que quieren hacer un negocio inmobiliario o lo hacemos para los sectores más necesitados", concluyó.