"Condenamos todo hecho de violencia y lamentamos el deceso de estos dos jóvenes", dijo el ministro del Interior, Jorge Burgos, que asumió el lunes. El ministro aclaró que el presunto autor de los disparos no tenía vínculo alguno con los efectivos policiales que estaban apostados en el sector.

En Santiago de Chile también se registró una masiva marcha para reclamar por mayor participación en los proyectos educativos que terminó en incidentes. En la capital, pequeños grupos con sus rostros cubiertos se enfrentaron con bombas molotov a la policía, que los reprimió con chorros de agua y gases lacrimógeneos.

"Que Chile decida su educación", se leía en algunos carteles que portaban los manifestantes, estimados en más 150 mil personas, según los líderes estudiantiles, y en unos 50 mil, según cifras de la policía.

"La reforma será legítima cuando se construya con los diversos actores sociales", manifestó Valentina Saavedra, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), la mayor del país, al comienzo de la manifestación.

"Hemos visto una pasividad y un silencio por parte del gobierno, donde nadie conoce muchos sus voluntades, cuáles son los intereses qué quiere satisfacer y con quiénes la quiere construir", añadió la dirigente.

Los manifestantes dieron plazo hasta la próxima semana a Bachelet para que entregue una "respuesta clara y contundente" sobre el tema. La presidente concurrirá al Congreso el próximo jueves 21 de mayo para dar cuenta al Parlamento y al país sobre el estado de la nación.

Una de las promesas de la mandataria es mejorar los salarios de los profesores y establecer gradualmente la gratuidad de la educación universitaria a partir del próximo año.

Desde la dictadura militar (1973-1990), la educación pública universitaria chilena es pagada, con aranceles que llegan a miles de dólares anuales, mientras la mitad de los trabajadores percibe salarios mensuales por debajo de los 450 dólares.