Mié 20.05.2015

18:00  › NEGOCIOS OSCUROS BAJO TIERRA

Paro en la Línea C por amenazas contra un delegado

La medida de fuerza se cumplió entre las 15 y 16 para denunciar "el apriete" contra el delegado Federico Borgo, a quien "le pegaron y lo apuntaron con una pistola" y luego lo obligaron a mandarle un mensaje de texto extorsivo al titular de los Metrodelegados, Roberto Pianelli, según denunció la comisión directiva del sindicato, que vinculó el ataque con las denuncias por estafa contra directivos de Metrovías y un puntero del PRO.

El gremialista Ariel De la Torre detalló que el ataque se produjo en la madrugada, cuando a Borgo lo interceptaron con un auto y le apuntaron con un arma. "Pensaba que lo iban a robar, pero le pegaron, lo tiraron al piso y lo obligaron a mandarle un mensaje con su celular a Beto: 'Basta Pianelli', fue el mensaje y le vuelven a pegar", indicó De la Torre.

"El apriete fue realizado por alguien de arriba, un profesional", denunció y luego atribuyó la agresión a la denuncia presentada por el legislador de Nuevo Encuentro, José Cruz Campagnoli, acompañada por los Metrodelegados, para que se investigue a personal jerárquico de Metrovías y a un supuesto puntero político, Fabián Ventos, por presunta estafa en el otorgamiento de viviendas.

La denuncia fue presentada ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, juzgado de Instrucción 26 y sostiene que "desde fines del 2014, cientos de trabajadores y trabajadoras del subte recibieron la oferta de adquirir inmuebles y firmaron documentos de preadjudicación, con firmas apócrifas, de viviendas construidas por el Instituto de Viviendas de la Ciudad (IVC)", a cambio de un depósito inicial de entre 70 a 150 mil pesos. "Pese a que nadie recibió la vivienda prometida, la estafa alcanzaría a 350 trabajadores y llegaría a los 35 millones de pesos", advirtió el legislador.

Las viviendas "ofrecidas" habían sido construidas en los terrenos de Casa Amarilla (Pi y Margall al 900), de Acumar (Luzuriaga 837 y Lafuente 64/70). En la mayoría de los casos, los inmuebles ya estaban adjudicados por una orden judicial o por el IVC.

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